Iván Garau Díaz

Tribuna Invitada

Por Iván Garau Díaz
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Los responsables del vandalismo y de pagar los cristales rotos

Es común escuchar, de boca de algunos líderes que convocaron el paro nacional del Día Internacional de los Trabajadores, el uso de lenguaje ofensivo y agresivo, que implica instigar y fomentar actos ilegales de vandalismo, lesivos a la paz industrial, individual y social.

Los daños a la propiedad en la marcha del paro nacional fueron tolerados por algunos organizadores de la marcha del paro nacional y tuvieron el propósito de obstruir que otros pudieran trabajar. Previo al paro obstruyeron la entrada de estudiantes a la Universidad de Puerto Rico a estudiar, y a empleados y legisladores en el Capitolio.

No pretenderé refutar el lenguaje irrespetuoso, impropio y ofensivo de algunos líderes que convocaron el paro, sino establecer los hechos tal cual se vieron en Puerto Rico el lunes 1 de mayo de 2017 y quiénes son los responsables de los actos de vandalismo y de pagar los cristales rotos.    

Primero, aprendí en los cursos básicos de la Facultad de Derecho la regla de oro jurídica: los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa no son absolutos, sino que están limitados a no incurrir en delitos o actos ilegales de daño a la propiedad, alteración a la paz, y que los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás.

Los actos ilegales de vandalismo con daños a la propiedad privada y pública en la Milla de Oro sirven de base para recordarle al pueblo que la violencia y la opresión crean un estado de derecho que permite a la persona perjudicada por esos daños obtener adecuado resarcimiento e indemnización de la parte que injustificadamente causó el daño. Por ejemplo, los terroristas urbanos que rompieron los cristales del Popular Center deben pagar con su propio pecunio lo que destruyeron.

La alta gerencia de los bancos calcula que los daños a sus edificaciones ascienden a más de un millón de dólares, sin incluir las pérdidas millonarias por interrupción de las operaciones ordinarias de esos negocios.

De igual manera, la ley en Puerto Rico establece responsabilidad civil y penal por acción u omisión a aquellas personas que incitaron, instigaron, fomentaron, toleraron, encubrieron o participaron en actos de vandalismo. Por esos actos la ley permite obtener indemnización del daño causado.

Los tribunales en Puerto Rico tienen la obligación ministerial de imponerles responsabilidad económica a aquellas organizaciones y personas que incitaron o toleraron los actos vandálicos que causaron daños a personas y la propiedad. Es tiempo ya que se considere en Puerto Rico la justicia y necesidad de responsabilizar a los que individualmente y conjuntamente causan daño a la propiedad pública y privada con actos de vandalismo en marchas de protesta por acción u omisión.

Lo que está planteado realmente es que, la democracia es frágil como los cristales de los edificios de los bancos de la Milla de Oro, que fueron atacados y rotos por algunos de los manifestantes terroristas urbanos. Los organizadores y líderes de estos eventos de protesta deben exhibir una conducta de desalentar y evitar atentados ilícitos contra personas y la propiedad en esos paros o marchas. Además, ellos tienen el deber de denunciar públicamente estos actos de vandalismo y daños a la propiedad y desalentar los mismos.

No abrigo duda alguna de que los actos de vandalismo fueron planificados, instigados, fomentados y tolerados por un pequeño grupo de personas que dirigió la marcha del paro del día internacional de los trabajadores.  

La Junta de Supervisión Fiscal se implantó en el cuatrienio del pasado gobierno del Partido Popular Democrático. El PPD aprobó la Ley 3-2013 que eliminó beneficios de retiro. El Gobierno dejó de pagar quinientos ochenta ($580) millones al Sistema de Retiro e impuso el Impuesto de Venta y Uso (IVU) y otros impuestos que exprimieron el bolsillo del ciudadano, y promovió exenciones a las empresas multinacionales.

En el pasado cuatrienio se concedieron ilegalmente las becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico. Resulta que ahora los trabajadores y los estudiantes marcharon juntos con los populares que causaron los asuntos objeto de la protesta.  Tal conducta contradictoria no debe tolerarse y lesiona el sistema democrático y las más básicas nociones de juego limpio (“fair play”).

Es norma conocida que el deber de previsión es el criterio central de la responsabilidad civil extracontractual. Todos tenemos el deber de ejercer un cuidado razonable para mantener la seguridad personal, de la propiedad pública y privada.

Las expresiones de algunos líderes incitando al vandalismo o la violencia es una imprudencia irrazonable que racionalmente podría prever que resultaría en los daños que se causó a las estructura de los bancos en la Milla de Oro, por lo que se le debe imponer responsabilidad a estas personas individualmente y a los organismos que representan por dichos actos dañinos.  

En efecto, el movimiento obrero llegó a la mayoría de edad y debe asumir las responsabilidades ordinarias de sus actuaciones, de igual manera los líderes políticos. La violencia no tiene cabida en nuestro sistema democrático y este asunto está revestido de un alto interés público que no debe quedar impune los actos de vandalismo y de destrucción de propiedad que deben ser pagados por los causantes de los mismos.

Los actos vandálicos se agravaron al asumir los dirigentes de la marcha una actitud pasiva y tolerante ante tan indeseables actos. Como bien sabemos, una parte que cause daños ilegalmente, sin que pese sobre ella la obligación de compensarla o repararla, viola los más elementales postulados del derecho. El alto grado de responsabilidad y el deber de todos es combatir el vandalismo y la violencia. 

Aquellos líderes que instigaron los actos vandálicos son  responsables personalmente de los mismos, conjuntamente con las organizaciones que dirigen, según el estado de derecho vigente.

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