Marcia Rivera

Punto de vista

Por Marcia Rivera
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Los teleleaks boricuas obligan a la renuncia o el residenciamiento

Imaginar el futuro colectivo es siempre un desafío que suele ser agradable y esperanzador porque la naturaleza humana es una apuesta a la supervivencia e intrínsecamente optimista.  Constatar la realidad actual es otra cosa; es verificar hechos sobre cómo estamos; sobre la capacidad que existe para manejar recursos, tomar decisiones y encaminar a una sociedad por el sendero del bienestar colectivo. 

La evolución humana y social nos ha permitido encontrar formas de generar gobernanza democrática través de grandes acuerdos sociales contenidos en constituciones, cartas de derechos humanos, procesos electorales, espacios de negociación colectiva, de participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas, así como de estructuras y protocolos para guiar la gestión pública.  

Cuando todo ello funciona con transparencia y eficacia, una sociedad prospera y se desarrolla sin mayores sobresaltos, como lo hacen muchos países del mundo.  Pero cuando la gestión gubernamental se desvirtúa y en vez de apuntalar el bien común busca favorecer intereses personales o de sectores particulares, comienzan los problemas y con ellos la decadencia de una administración. 

Los teleleaks boricuas retratan un proceso de gestión gubernamental sumamente peligroso, que nos obliga a reflexionar sobre la visión -naturalizada en la sociedad puertorriqueña- de que quien gana una elección tiene el derecho de arrasar con todo. Los casi 900 teleleaks que he podido leer hoy y que son, efectivamente, una muestra muy representativa de la  forma de gestionar el aparato gubernamental constituyen una evidencia abrumadora de mala gestión.  Son evidencia de una forma de establecer prioridades en forma inconsulta; también de fichaje, burla y difamación de periodistas que intentan indagar más allá de la noticia, violentando el derecho fundamental a la información. Son también evidencia de que cotidianamente se intercambian ideas de cómo neutralizar o hasta aniquilar a legisladores y alcaldes que difieren de la posición del gobernador, lo que pudiera constituir un delito. 

Y evidencian, además, que desde un chat en el que participan personas que no son funcionarios públicos se definen políticas que contravienen la propia constitución de Puerto Rico. Por ejemplo, cuando se informa que se ha contratado como asesor en educación a Paul Pastorek, ex-secretario de educación de Louisiana, que privatizó el 90% de las escuelas tras el huracán Katrina. A este se le pagó a razón de $250.00 la hora para ver cómo hacerlo en Puerto Rico.  En el chat se burlan de políticos del propio PNP y también de la oposición, pero sobre todo de mujeres. Carmen Yulín Cruz, Alexandra Lúgaro, Mayra López Mulero, Itzamar Peña, Sandra Rodríguez Cotto, la Colectiva Feminista, entre otras, son reiteradamente objeto de mofa, descalificación y odio.  De los teleleaks podemos reconstruir la cacería que se desató desde 2018 contra el director del Instituto de Estadísticas, Dr. Mario Marazzi, y de las que se planifican hoy contra Manuel Natal.  Avergüenza también la forma en que bromean con el fallecimiento del licenciado Carlos Gallisá, quien fuera representante a la Cámara y conocido analista en los medios.  Aducen que su muerte fue “una gran pérdida para la demagogia boricua” y se entretienen largo rato discutiendo si las banderas estarán a ¼ de asta por 15 minutos. 

Ni mencionar la vergüenza que genera leer cuanta palabra soez aparece en el diccionario y las que el propio equipo de gobierno ha creado.   Pero lo más preocupante, para mí, es lo que se trasluce del gobernador como jefe de esta claque que nos gobierna. En una instancia fatídica expresa lo que para él significa la transparencia que tanto reclamamos.  “Transparency is a bitch”, ha escrito él mismo.

Ricardo Rosselló ha violado todas las normas mínimas que debe seguir un jefe de gobierno, en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo. Si realmente tiene principios éticos debe renunciar y si no lo hace le corresponde a la Asamblea Legislativa actuar de inmediato para iniciar un proceso de residenciamiento.  No nos merecemos esto y tampoco estamos dispuestos a tolerar tanta ineptitud, tanto saqueo de recursos públicos y tanta irresponsabilidad en la gestión gubernamental. Es un momento triste, pero a la vez asqueante; no se resuelve aceptando un pedido banal de perdón. Nuestro pueblo merece respeto y justicia; no burla. La indignación de nuestro pueblo es real, palpable en las calles. Este gobierno no tiene quien lo defienda. 

Por el bien colectivo, renuncie señor gobernador, antes de que la gente tome las calles y obligue a la legislatura a procesar su residenciamiento.

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