James L. Rivera Velázquez

Punto de Vista

Por James L. Rivera Velázquez
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Los trabajadores y el virus de la burocracia

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en muchas ocasiones que la política pública establecida en nuestra legislación laboral reconoce que el trabajo es un elemento central de nuestra vida en sociedad (Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180DPR894).

Es así, tanto por lo que significa a nivel individual en la vida diaria de decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, como por el beneficio que se genera cuando con esfuerzo ofrecemos calidad de vida, desarrollo social y económico a nuestro país.

De las 19 secciones que componen la Carta de Derechos de nuestra Constitución, cinco de ellas se refieren directamente a derechos relacionados al trabajo.

Se trata de un reconocimiento por la generación constituyente de la inherente desigualdad que caracteriza la relación obrero-patronal, en donde el patrono, por su capacidad económica, posee mayor poder que el trabajador, que necesita de su empleo para sobrevivir.

Esta es la razón fundamental por la que los aspectos de la relación obrero-patronal gozan de rango constitucional y están diseñados para la protección de los derechos de los trabajadores.

Sin duda, nuestro ordenamiento laboral en su origen estaba orientado a la protección de los trabajadores para evitar las prácticas injustas del trabajo. Pero con el paso del tiempo esas protecciones han cambiado y los efectos se perciben más en tiempos de pandemia.

En plena semana del Día Internacional de los Trabajadores, el gobierno le ha faltado al respeto a estos y les ha fallado en garantizar su protección.

Han pasado 46 días desde que se emitió la declaración de emergencia y las constantes han sido la improvisación y el mal manejo de los procesos por parte del gobierno para ofrecer los beneficios de los trabajadores.

Les ha fallado en proveer un sistema digno de beneficio por desempleo luego de prohibirles trabajar bajo el mando de garantizar el bienestar común. No existe controversia en cuanto a la justificación para prohibir la actividad laboral, ya que todos estamos de acuerdo en que el propósito primordial es salvar vidas mediante el distanciamiento para combatir el mortal COVID-19.

Sin embargo, no hay manera de justificar la falta de voluntad del gobierno para lograr combatir la desigualdad. Por un lado, los empleados públicos del país no han dejado de devengar su sueldo, pero muchos han dejado de trabajar.

Por otro lado, están los empleados de la empresa privada, que componen más del 65% de la fuerza trabajadora del país y a quienes les ha tocado vivir durante este proceso de pandemia el abandono desmedido por parte del gobierno.

También hay que sumarle otros asuntos importantes: primero, que el que el gobierno tardó demasiado en firmar un acuerdo con el gobierno federal para la otorgación de un incentivo; segundo, que existela pretensión de coartar la libertad de expresión amparándose en la emergencia y tercero, que nadie investiga por qué no ha sido posible poner en marcha las ayudas prometidas a los trabajadores.

Esto tiene que cambiar, nuestros trabajadores no pueden seguir siendo víctimas del virus de la burocracia.

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