Efrén Rivera Ramos

Tribuna Invitada

Por Efrén Rivera Ramos
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Los tribunales y el status

En mi columna anterior afirmé que los tribunales no resolverán el status de Puerto Rico. Ese es un problema político que requerirá una solución política. El Tribunal Supremo de EE.UU. podría aminorar el efecto de algunas decisiones discriminatorias del Congreso en torno a Puerto Rico, como ha argumentado convincentemente el juez Juan R. Torruella en el caso de la llamada “quiebra criolla”. Pero cosa distinta es albergar la esperanza de que ese tribunal adelante la causa anticolonial “revocando” los llamados Casos Insulares.

En los Casos Insulares el Tribunal Supremo de los EE.UU. determinó que a Puerto Rico debe considerársele un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenos del Congreso. Puerto Rico no tiene participación efectiva en ese cuerpo. Eso no es otra cosa que la definición de un arreglo colonial.

Ese desarrollo ha conducido a algunos a considerar que los Casos Insulares son el origen de nuestra condición colonial. De ahí que concluyan que para desmantelar el entramado colonial de EE.UU. en Puerto Rico haya que comenzar por lograr que el Tribunal Supremo deje sin efecto la doctrina establecida en esas decisiones.

Yo mismo he dedicado cientos de páginas a explicar los fundamentos imperiales y racistas de esa jurisprudencia. No es porque comparta la noción de que en ella radica la causa de nuestra experiencia colonial, sino porque estoy convencido de que esos casos contribuyeron de forma destacada a configurar una política colonial que tiene su génesis en numerosos antecedentes históricos y en desarrollos de aquel momento.

El efecto principal de los Casos Insulares fue articular una fundamentación jurídica para la política adoptada por los sectores que controlaban los poderes Ejecutivo y Legislativo para gobernar las colonias adquiridas después de 1898. Los jueces justificaron con supuestas bases constitucionales la posibilidad de una condición indefinida de subordinación política. Es decir, pusieron la Constitución de EE.UU. al servicio del colonialismo.

Pero no hay que olvidar que esas decisiones se produjeron luego de una serie de hechos políticos contundentes: la adquisición de Puerto Rico como producto de una guerra, la firma del Tratado de París, el establecimiento de un gobierno militar, la aprobación de la Ley Foraker y la designación de funcionarios estadounidenses para gobernar a Puerto Rico. También se había generado un flujo de inversiones económicas desde allá para acá y una corriente considerable de comercio entre los dos países. Las raíces del colonialismo estadounidense en Puerto Rico se extienden a esos desarrollos y al contexto global del momento, que incluía la irrupción de Estados Unidos en una economía internacional regida por principios imperiales. Los Casos Insulares se erigen sobre esas realidades. El mantenimiento del régimen colonial en Puerto Rico responde, además, a otra serie de factores, externos e internos.

Después de sancionar las acciones del Congreso en torno a los territorios en esa jurisprudencia temprana, el Tribunal Supremo de EE.UU. no ha hecho sino amparar las decisiones posteriores del Congreso sobre los mismos.

Los propios Casos Insulares adoptaron la tesis de que corresponde al Congreso o al pueblo de EE.UU. hacer las determinaciones básicas sobre los territorios. Distinguen entre los reclamos de naturaleza constitucional, como las libertades individuales, sobre los que el Tribunal puede pronunciarse, y los de naturaleza política, como el derecho al voto o el cambio de condición política, que incumben al Congreso. Ello constituye un aviso, desde entonces, de que cualquier cambio en la condición política de los territorios debe procurarse en el Congreso y, en última instancia, en el pueblo soberano de EE.UU..

En fin, los que queremos cambios fundamentales en nuestra condición política debemos empeñarnos en generar una fuerte presión política con apoyo sustancial que obligue a los Estados Unidos a concurrir con una solución satisfactoria. Una vez el pueblo de Puerto Rico, el Congreso y el presidente de EE.UU. actúen, podríamos esperar que, de surgir la ocasión, el Tribunal Supremo haga lo que siempre ha hecho en relación con este tema: avalar lo ya consumado.

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