Rafael Cox Alomar

Punto de vista

Por Rafael Cox Alomar
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¿Macondo o “House of Cards”?

En lo que sin dudas es el episodio más confuso y absurdo de nuestra abultada historia política, ayer hubo pase de batón en Puerto Rico.

Se volvió a transferir el poder de forma pacífica de un gobernador saliente a un gobernador entrante.

Lo insólito, sin embargo, es que no existe certeza legal alguna sobre la legitimidad constitucional de la investidura que ayer se hizo de Pedro Pierlusi como sucesor de Ricardo Rosselló.

La controversia constitucional, aunque relativamente sencilla, es una de primera impresión en nuestra jurisdicción que por consiguiente nunca ha llegado a las puertas del Tribunal Supremo.

¿Puede un secretario de Estado que todavía no ha sido confirmado por una de las cámaras legislativas acceder a la gobernación de forma permanente?

¿Puede un gobernador saliente, a la usanza monárquica, abrogarse el poder unilateral de designar un sucesor que no ha sido electo ni confirmado por la Asamblea Legislativa?

La juramentación de Pedro Pierluisi se fundamentó en una enmienda que en 2005 se le hizo a la ley de sucesión de 24 de julio de 1952.

Más aún, la argumentación legal a que se hace referencia en el comunicado de prensa que publicó ayer La Fortaleza toma como base una opinión del Departamento de Justicia de 8 de febrero de 2005, en donde se sugiere que “el requisito de ocupar el puesto en propiedad, habiendo sido ratificado el nombramiento, no aplica a la sucesión de carácter permanente del Secretario de Estado al cargo de Gobernador bajo la primera oración de la Sección 7 del Artículo IV de la Constitución.” (Véase página 5 de la opinión de Justicia.)

Así las cosas, pasamos de la crisis política a la crisis constitucional; con un gobernador recién inaugurado cuyas decisiones carecen hoy de certeza jurídica --- presa fácil de la impugnación jurídica.

Y mientras el hacha va y viene, el cotilleo entre la ola de expertos no se detiene. La amplia mayoría sosteniendo que la gobernación le corresponde a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y los demás secundando la legitimidad de Pierluisi.

Sin dudas, todos los caminos conducen al Supremo. Allí hará falta una mayoría de los miembros del Tribunal (al menos 5 jueces) para declarar inconstitucional la enmienda de 2005 a la ley de sucesión. Y claro todo esto sería académico si el miércoles el Senado cuelga a Pedro Pierluisi.

Hemos llegado al fondo del barril.

Tal cual el Imperio Romano en su momento más decadente, cuando no se sabía si el emperador era Arcadio u Honorio, o cuando la Iglesia durante la podredumbre que llevó al Cisma de Occidente (1378-1417) tenía más de un papa disputándose el trono de San Pedro, o la Venezuela de hoy de Maduro y Guaidó, en Puerto Rico se ha echado a perder el estado de derecho.

Amárrense los cinturones que esto aún no termina. La semana que viene cualquier cosa puede suceder.

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