Julio Fontanet

Punto de vista

Por Julio Fontanet
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¿Maestros armados?

El asesinato de 17 personas en la escuela Parkland, en el estado de Florida, por un joven fuertemente armado ha provocado reacciones polarizadas. Por un lado, las personas que consistentemente han abogado por un mayor rigor en la reglamentación del acceso a las armas de fuego reclamaron acción inmediata de parte de los congresistas que en el pasado han sido muy pasivos en establecer limitaciones de clase alguna o para enfrentarse a la poderosa National Rifle Association (NRA, por sus siglas en inglés). Cabe destacar que uno de los grupos más vocales ha sido precisamente el de adolescentes, que reclaman poder estudiar en sus escuelas sintiéndose a salvo. Adviértase que lo acontecido en la escuela de Parkland no fue un incidente aislado ni sin precedentes en la historia reciente en Estados Unidos.

Otros sectores, incluido Donald Trump, reaccionaron expresando inicialmente que, para evitar la repetición de un incidente de igual naturaleza, es imperativo que los maestros puedan portar armas (aunque no estén estas a simple vista) en la escuela. Es chocante que se plantee con alguna seriedad este curso de acción ya que, aparte de su evidente inefectividad, constituye una gran contradicción. La existencia de armas de fuego en un ambiente educativo es tan contradictoria como construir un laboratorio de armas químicas en un hospital.

Hay que reconocer que hay un sector de la sociedad norteamericana que atesora su derecho a acceder a armas de fuego. Se aducen argumentos históricos, como la necesidad de que el pueblo pueda estar armado (“to keep and bear arms”) para defender su persona (“self defense”), su familia y su propiedad, lo que es el fundamento para la aprobación de la Enmienda II de la Constitución estadounidense. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en District of Columbia v Heller (2008) que el derecho a estar armado (“to keep and bear arms”) es un derecho fundamental bajo la constitución federal; y, posteriormente, en McDonald v Chicago (2010), que dicho derecho es oponible tanto al gobierno federal como a los estados bajo la Enmienda XIV. Ello implica que tanto el gobierno federal (¡y sus territorios!) como los gobiernos estales no tienen poderes absolutos o irrestrictos para establecer limitaciones al acceso a armas por parte de los ciudadanos. Claro, ello no implica que no puedan establecer ciertas prohibiciones y limitaciones.

Es en ese contexto que han empezado a surgir otras propuestas -más serias que la del presidente Trump- y que no deberían presentar cuestionamientos constitucionales bajo el esquema previamente mencionado. Cabe destacar que muchas de estas han surgido como consecuencia de la gran presión generada por los estudiantes y por los resultados de las encuestas realizadas con posterioridad al incidente, que reflejan inequívocamente que la mayoría de la sociedad norteamericana favorece que se establezcan restricciones significativas al acceso a armas de fuego. Entre las propuestas de mayor arraigo se destacan la de aumentar de 18 a 21 la edad mínima para adquirir armas de fuego, prohibir las armas de asalto, requerir un cotejo (“background check”) sobre el estado mental del solicitante y limitar el acceso a convertidores a armas automáticas.

No sorprendería que muchas de estas medidas sean insuficientes para evitar otra tragedia. Tampoco puede menospreciarse el poder económico de la NRA y su exitosa trayectoria en evitar limitaciones al acceso a armas de fuego gracias a fuertes contribuciones económicas a las campañas de los congresistas. Empero, no contaba con el impacto mediático de la campaña de los jóvenes y con el sorpresivo apoyo de muchos de los gobernadores -incluso de estados del sur- para limitar ese acceso. No ha existido una mejor coyuntura histórica en los Estados Unidos para, de manera efectiva y constitucional, limitar el acceso a las armas de fuego. Esperemos que no sea necesaria otra tragedia para retomar el tema

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