Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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Marchar no es delito

Antes de ordenar bloquear el paso de una marcha pacífica, el alto mando de la seguridad pública del país debería darle un repaso a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Supremo.

La sección 4 de nuestra Carta de Derechos dispone: “No se aprobará ley alguna —esto incluye las instrucciones verbales o escritas de los funcionarios del Estado— que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. La Constitución de Estados Unidos dispone en su Primera Enmienda algo similar.

Partiendo de este lenguaje, los tribunales han resuelto que para ejercer este derecho a la libre expresión los ciudadanos pueden celebrar mítines, marchas y piquetes para demostrar su desacuerdo con decisiones del gobierno. Para ejercer este derecho, las calles, aceras, plazas y parques públicos han sido definidos por los tribunales como lugares apropiados de expresión y reunión, y han declarado que el Estado, aunque quisiera, no podría coartar el derecho de sus ciudadanos a usar esos espacios públicos para expresarse en contra del gobierno. La excepción es que el Estado puede imponer ciertas limitaciones al ejercicio de ese derecho cuando pueda demostrar que tiene un interés apremiante que proteger —como por ejemplo, cuando una marcha presenta un problema grave para la seguridad del tráfico o de los manifestantes u otros ciudadanos— y no tiene otros medios menos onerosos al derecho a la libre expresión.

La Constitución no permite que la Policía decida, sin ninguna razón justificada, que un grupo de ciudadanos no puede marchar por una calle en determinado momento, sin que pueda articular cuál es el riesgo grave —repito, grave— a la seguridad de los manifestantes o de otras personas que justifique coartar ese derecho constitucional. Aún no he escuchado cuál fue “el interés apremiante” invocado por la Policía para prohibirle a un grupo de manifestantes que continuara la marcha por la avenida Ponce de León al llegar a la esquina de la avenida Roosevelt. La Policía no ha reclamado, por ejemplo, que decidió acabar con la marcha porque los manifestantes se habían amotinado o atacado a su paso personas o propiedades antes de llegar al punto de bloqueo policial. Los manifestantes habían marchado pacíficamente por esa vía casi tres kilómetros.

La Policía tampoco podría alegar que ese grupo de manifestantes no les había pedido permiso —“coordinado”— para usar la Ponce de León, porque ni la Constitución ni la ley requieren que, para poder ejercer el derecho a la libre expresión, la Policía tenga que autorizar el uso de espacios públicos tradicionales. Aunque es prudente que sus líderes coordinen ciertas actividades masivas, no es un requisito de ley.

Por otro lado, si un grupo de manifestantes ocupa, digamos, el expreso Las Américas para protestar, la Policía está autorizada a removerlos, utilizando la menor fuerza bruta posible. Cualquier persona razonable debe estar en disposición de aceptar que la obstrucción de ese expreso presenta problemas graves para la seguridad de sus usuarios y de los manifestantes. Pero este no fue el caso del primero de mayo en la Ponce de León.

Cuando vimos por televisión el bloqueo policial, todos supimos lo que pasaría después. Hubo imágenes donde un oficial le ofrece a un líder retirar la Fuerza de Choque a cambio de que los manifestantes no lanzaran piedras. Realmente fue una burla al proceso de negociación. Los manifestantes tenían el derecho constitucional a continuar la marcha sin condiciones y la Policía tenía la obligación legal de no impedir el paso antes de que comenzara la pedrea. Sí podía realizar arrestos durante el transcurso de la marcha, si los participantes hubiesen cometido delitos. Pero, aparentemente, ese no fue el caso.

La Policía puso en riesgo innecesariamente la vida y la integridad corporal de sus propios miembros, que son trabajadores como el que más, y de muchos ciudadanos que nada tenían que ver con la violencia desatada. Alguien debe responder por tanta insensatez porque marchar no es delito.

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