Miguel Romero

Tribuna Invitada

Por Miguel Romero
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Más allá de la Junta de Control Fiscal Federal

En las pasadas semanas hemos observado que el tema de la aprobación por parte del Congreso de una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico ha acaparado la discusión en los medios de comunicación. Tan reciente como esta pasada Semana Santa, circuló en los medios el posible borrador del proyecto de ley que se está preparando para radicarse en la Cámara de Representantes Federal.  

No cabe duda de que la idea de esta Junta de Control Fiscal Federal es producto de la incompetencia y falta de capacidad que la actual administración de gobierno ha demostrado por los pasados tres años, en manejar la crisis fiscal y económica que hemos estado atravesando. En lugar de mejorar o al menos estabilizar la situación, la administración de Alejandro García Padilla y el liderato legislativo acabaron con la credibilidad del gobierno y nos han llevado a un precipicio de quiebra y desesperanza. Ha sido la falta de transparencia, la improvisación, los impuestos y el juego de palabras del PPD lo que provocó el “nacimiento” de la idea de una Junta de Control Fiscal Federal.

Ya hemos vivido cóo las consecuencias de las decisiones del gobierno nos impactan a todos; así mismo,  las consecuencias que vaya a tener la imposición de una Junta de Control Fiscal las sentiremos todos en la Isla. Es por esto que el liderato gubernamental y político no debería estar quejándose únicamente y debe insertarse en el trabajo de redacción y en el contenido de cualquier medida que busque aprobar dicha Junta. Solo así podremos velar por los mejores intereses de Puerto Rico, teniendo alguna participación sustantiva en lo que aparenta ser una realidad que nos viene desde la Capital federal.  Por lo que se ha reseñado hasta el momento, tal parece que la Junta de Control Fiscal Federal que se pretende aprobar, velará principalmente por el repago a los bonistas, mediante el control de los asuntos fiscales y presupuestarios de Puerto Rico.  Una Junta como ésa, sencillamente, no va a solucionar los problemas que impiden nuestro desarrollo económico y no nos va a sacar de la crisis.

Creo que del mismo modo que el Congreso se interesa por asegurar el  repago a los bonistas, lo cual puede ser legítimo, también puede y debe intervenir para solucionar de una vez por todas el problema de raíz que nos aqueja a todos, que es la condición territorial de nuestro estatus político y la desigualdad que el mismo promueve.  El Congreso no debe aprobar Junta alguna que no venga atada a su vez, de la aprobación de legislación que permita resolver el problema de estatus y tomar otras medidas que puedan mitigar a corto plazo la desigualdad de participación en programas federales y establecer medidas de acción afirmativa que promuevan el desarrollo económico de nuestra Isla.

Del mismo modo que el Congreso tiene el poder para aprobar una Junta de Control Fscal, debe ejercerlo también para que nuestro Pueblo deje atrás la desigualdad que nos atrasa y la indignidad de una condición territorial y colonial que aleja a nuestro Pueblo del camino del progreso económico y social que merece.

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