Juan Dalmau

Tribuna Invitada

Por Juan Dalmau
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Más de lo mismo

Luego del más absoluto hermetismo para evitar que tuviéramos un adelanto de la propuesta reforma contributiva, el país esperaba un mensaje de Alejandro García Padilla que revelara un mapa de ruta para atender la crisis fiscal y económica del país. En cambio, lo que ayer sufrimos fue otro mensaje superficial que dejó sobre el tapete de la opinión pública más preguntas que respuestas.

El gobernador anunció la adopción de un Impuesto al Valor Añadido (IVA). El nuevo impuesto, según García Padilla, permitiría eliminar el IVU, la patente nacional y reducir algunas tasas contributivas. Dice el gobernador por una esquina de la boca que con este impuesto tendremos más dinero en el bolsillo y, contradictoriamente, por la otra esquina de la boca anuncia que con el IVA el Gobierno recaudará el doble o el triple de lo que recaudan los impuestos que eliminará y las tasas contributivas que revisarán. No obstante, el gobernador no explicó las contradicciones y, como en el pasado cuando se impuso el IVU, con demagogia y engaños nos vende otro abuso y asalto al pueblo como la panacea que resolverá los problemas fiscales del país.

La verdad es que el IVA implica que el consumidor tendrá un modelo diferente de imposición contributiva y ahora pagará más para la adquisición de productos y servicios. Causa indignación escuchar al gobernador indicar que ahora el consumidor decide cuanto paga en términos contributivos, a base de cuanto consume. Esa expresión desconoce la realidad que vive el país. No es opcional pagar la compra para el consumo alimentario de la familia. No es opcional comprar ropa para los niños. No es opcional comprar artículos de primera necesidad. O, por ejemplo, el pago de los estudios en escuelas privadas (a niveles primarios, secundarios y universitarios).

En otras palabras, este modelo de IVA del 16% es una contribución a las compras diarias que hacemos los puertorriqueños. Lo que alega el Gobierno es que se reducen las tasas de contribución sobre ingresos, pero la realidad es que lo recauda con creces al aumentar el margen de la contribución al momento de comprar.

En términos económicos, el peligro de esta fórmula es que en una economía en recesión la gente tiende a consumir menos. Al ver el aumento en los costos de los productos, los puertorriqueños consumirán menos todavía. Esto tendrá un efecto económicamente dañino para los comerciantes y proveedores de servicios. En la medida que se reduzca el consume, debido al aumento de costos al comprar, los comerciantes tendrán que reducir gastos operacionales, despidiendo empleados, reduciendo jornadas laborales o limitando servicios. Todo ello impide que se inyecte más dinero en la economía y se creen más empleos.

Por otra parte, el gobernador no abordó un aspecto fundamental sobre el tema fiscal del país. El problema de la crisis fiscal es la limitada base contributiva existente en Puerto Rico. En la medida que tenemos una población más empobrecida y reducida por la fuga de personas al extranjero, menos recaudos se logran a base de compras y consumo.

El Gobierno debió establecer un plan de reforma integral, que estimulara la participación amplia y atendiera el problema de la evasión contributiva. Aunque eso no garantizaba la unanimidad de los sectores participantes, ciertamente la transparencia hubiese ofrecido mayor certeza al país. Entre las propuestas que debieron examinar para ampliar la base contributiva y aumentar recaudos es acabar con el régimen de tratar a corporaciones foráneas absolutamente exentas de pago contributivo, como ha insistido el PIP. Así, incluimos a todos los actores económicos para que aporten al fisco en balance y justicia.

Luego del mensaje han surgido más dudas. Hay mayor incertidumbre. Nos queda un profundo sentido de que no hay norte definido, ni mapa de ruta para atender la crisis fiscal y económica. Tristemente, la propuesta es más de lo mismo.

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