José Caraballo Cueto

Punto de vista

Por José Caraballo Cueto
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Más medias verdades de la Junta de Control Fiscal

El 16 de febrero publiqué una columna en este medio donde detallaba alguna de las medias verdades que lanzó la Junta de Control Fiscal (JCF) y sus apologistas respecto al plan de ajuste de deuda del gobierno central. En la columna traducida como “La reestructuración del BGF (Banco Gubernamental de Fomento) funciona”, la directora ejecutiva de la JCF se refiere a una parte de la columna que escribí el 16 de marzo, obviando todas las otras menciones que hago sobre lo que la JCF debe hacer en esta crisis y no hace. En su columna leo muchas medias verdades que aclaro a continuación. 

“Si los fondos no existen, los bonistas del BGF no cobran”- esto es parcialmente cierto, porque el pago no realizado no lo pierden los bonistas sino que lo añaden al principal adeudado. En la práctica este acuerdo simplemente pospone los pagos para que en el vencimiento la corte nombre un síndico que liquide los activos de los deudores (ejemplo, los municipios). El acuerdo hubiese sido mejor si funcionase como los “GDP-linked bond” donde el bonista cobra si se cumple una condición, pero el pago no realizado lo pierde el bonista, no se añade al principal adeudado. Este acuerdo del BGF solo recuerda las ejecutorias del típico político: “patear la lata” y en el futuro que resuelva otro. 

“Mr. Cueto basa su análisis en un comunicado del DRA” (en su columna en inglés)- mis apellidos son Caraballo Cueto y no me baso en el comunicado, sino en el diseño de un acuerdo que por pagar una tasa altísima de interés (7.5%) prefiere posponer al vencimiento los pagos no realizados, en vez de bajar la tasa de interés para hacer pagos asequibles en cada periodo. Según el 20-Bond Index, la tasa promedio de interés de los bonos riesgosos del mercado municipal en 2018 era cercana al 4.35% (hoy es 2.75%). Pagar intereses al 7.5% fue muy generoso y, por tanto, muy probable que sea insostenible.

“Si no hay impago, el acuerdo es sostenible”- una deuda es sostenible si se puede pagar tal y como fue contraída. Si el acuerdo mismo se diseña para que se incumpla y en su vencimiento en el año 2040 se tenga que volver a solicitar la injerencia del tribunal, no parece ser sostenible. Es decir, el acuerdo sugiere en la página 30 que el BGF volverá a la quiebra, pero esta vez como una especie de capítulo de liquidación. ¿Así cree Jaresko que Puerto Rico regresará exitosamente a los mercados de capital, como mandata Promesa?

Lo que no dice la directora es que la JCF renegoció toda la deuda del BGF sin realizar una auditoría integral y liberando de responsabilidades a pasados oficiales de la institución, pasando por alto cualquier ilegalidad o ilegitimidad. No olvidemos que parte de sus supervisores fueron presidentes del BGF y que otros expresidentes del BGF participaron de este acuerdo de deuda.

Tampoco dice Jaresko que este acuerdo afecta la economía en general, tan necesaria para que un acuerdo de deuda sea sostenible, al limitar la eliminación del impuesto al inventario. Reza el acuerdo en la página 99: “la eliminación de la porción de impuestos a la propiedad correspondientes al inventario, especialmente si no se identifica una fuente sustituta de recaudos, puede afectar adversamente la situación financiera de los municipios y el repago de los activos de préstamos municipales”.

Tal parece que esbozar medias verdades es un requisito para ganarse sus $625,000 anuales, los cuales son pagados por un pueblo que tiene un salario promedio anual de $29,460 y que ha sufrido una austeridad implacable sumada a tres desastres. 

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