Marinilda Rivera

Tribuna Invitada

Por Marinilda Rivera
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Más niños encarcelados

En un contexto donde la población de adultos mayores aumenta vertiginosamente y los jóvenes disminuyen, se le hace urgente al Estado y al mercado correccional impulsar "reformas" que garanticen una clientela y estabilidad económica al interior de los sistemas carcelarios y de "justicia" altamente privatizados. Para ello, la reducción de edad en los procedimientos criminales, no se hace esperar. Tampoco es casualidad que la discusión de enmiendas a la ley de menores se esté dando justamente ahora que el país enfrenta la peor crisis social y económica con consecuencias presentes y futuras aún incalculable. Indudablemente aumentará la cronicidad de las condiciones de desigualdad y violencia vividas por miles de niños y niñas. Convirtiéndoles en carnada fácil de la industria correccional del país.

El estado está consciente de las carencias que vivimos y algunos de sus ordenamientos empujan a miles de familias a mayores condiciones de desigualdad y privación de derechos como lo es la salud, la educación y la vivienda. La privatización de los servicios de salud provocó la desarticulación de estos, incluyendo los de salud mental. Mi experiencia como trabajadora social es que por desgracia muchos niños y jóvenes con condiciones de salud mental terminaron siendo atendidos por primera vez en un sistema carcelario. De igual manera, la puesta en marcha del cierre de cientos de escuelas abona a la privación del derecho a la educación de estudiantes, especialmente aquellos que requieren servicios especializados y no cuentan con los recursos económicos para obtenerlos.

El secretario de Departamento de Corrección y Rehabilitación y de la Administración de Instituciones Juveniles, Eric Colón, en comunicado de prensa el 21 de febrero de 2017, indica que cada joven en nuestro sistema carcelario juvenil nos cuesta aproximadamente $100,000 dólares anuales. De otra parte, un adulto en el sistema nos cuesta aproximadamente $40,000. El costo de educar a un niño en escuela pública fluctúa entre $4,000 y $12,000 y en una universidad unos $28, 000. Si comparamos la inversión entre el sistema carcelario juvenil y la educación, la diferencia en costo es de aproximadamente de unos $88,000 a $96,000 dólares anuales por cada niño. El análisis matemático, le diría a usted y a mí, que en el contexto en que estamos de bancarrota, movernos en dirección a garantizar la educación de los niños sería lo más razonable y aportaría significativamente al desarrollo de nuestro pueblo.

Finalmente, no podemos dejar fuera de este análisis la imposición de medidas agresivas por parte la Junta de Control Fiscal en el área de servicios sociales. No hay que ser experto en comportamiento humano u ostentar un título universitario para entender que estas acciones resultaran en mayor precarización de sectores en nuestra sociedad, donde gravitan nuestros niños. Niños y niñas sin educación, sin acceso a servicios de salud, con padres desplazados de las oportunidades detrabajo digno, vivirán en mayor desigualdad, vulnerabilidad y privados de libertad. De esta forma, terminaran encarcelando sus cuerpos, sus sueños y sus derechos.

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