Ana Olivencia

Tribuna Invitada

Por Ana Olivencia
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Metida de pata con diferencial salarial en la UPR

Solía decir, y hoy lo reafirmo, que las oficinas de recursos humanos de las agencias gubernamentales operan como Dios: por caminos misteriosos.

Mientras laboré en el gobierno, en varias ocasiones tuve que examinar los obscuros documentos que conforman la intrincada madeja de la normativa con repercusiones salariales: plan de clasificación, escalas salariales, aumentos y algo que se usa para de algún modo compensar lo que no está cubierto por otros incisos: el diferencial. 

No conozco, ni quiero conocer cómo está estructurado el sistema de administración de personal en la Universidad de Puerto Rico, pero imagino que tiene que seguir unos lineamientos generales similares a los que se utilizan en otros sistemas. El concepto del diferencial se usa, entre otros, para compensar a una persona por el trabajo adicional que se va a realizar de manera interina. 

Conozco bastante bien el misterio del concepto del diferencial en el servicio público -se me aplicó en un momento dado allá para 2000, razón por la cual me llamó la atención la controversia surgida con Rambo, perdón, el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman

Según lo que ha salido a relucir en la prensa, existe una normativa que fija en $105,000 el salario del presidente.  Rambo, perdón, el presidente interino, recibía un salario base de $8,259 mensuales, $99,109 anuales como catedrático.  Existe una certificación, que aunque se dice que es de 1997 está vigente, que establece que el salario del presidente se fija en $105,000.  Pese a esto, al presidente interino se le paga un salario anual que excede por sobre $19,000 esa cantidad.

Y aquí es que las explicaciones son como esta imagen de una persona que está resbalando en un piso mojado y mientras trata de no caer, se sigue enredando más y más.  Por un lado, se dice que lo que ocurre es que el diferencial es el mismo que se le pagó a las anteriores presidentas interinas, lo cual me recuerda un argumento que escuché muchas veces: “es que siempre se ha hecho así”.  Pues como le respondía a los que me esgrimían este argumento, si siempre se hacía de forma que estaba en contra de la norma, siempre se había hecho mal.

Parece ser que el único criterio para considerar el diferencial de Rambo, perdón, del presidente interino, fue aplicar el que se usó anteriormente.  Ese criterio también resultaba, al menos en uno de los casos, en un pago que excedía la normativa sobre el salario del presidente.  El asunto, desde el punto de vista legal, es que existen dos normas que aparentan estar en conflicto. Una es la norma de que el trabajo adicional en un interinato se paga a base de un diferencial, el cual había sido aplicado anteriormente en contravención al tope máximo.  Aquí es importante destacar un principio legal básico: los errores no generan derecho. La otra norma es que en el caso del (de la)  presidente(a), el máximo a pagar es de $105,000.  Evidentemente, aquí alguien incurrió en un faux pas, es decir, una metida de pata. Cuando se dieron cuenta, en lugar de admitir un error, recurrieron a tratar de justificar lo injustificable.  Si hay un tope salarial, hay un tope salarial, independientemente de que el actual presidente tuviese un salario base mayor antes de ocupar el puesto.

¿Cómo se resuelve esto? Es relativamente sencillo.  En primer lugar, se le informa a Rambo, perdón, el presidente interino, que el salario máximo es de $105,000 y queda de su parte si lo acepta o no.  Cabe señalar que eso representaría un aumento de $491 mensuales o $5,892 anuales, que no es muchísimo, pero bueno, puede estar acorde con la situación que vivimos. 

Yo no sé si esto se le planteó así al actual presidente, pero lo cierto es que le dieron un diferencial que se supone es igual al de las anteriores que ocuparon interinamente el cargo, pero resulta en una cantidad mayor al tope designado.  Si él no aceptaba esto, una posible solución era enmendar la certificación de 1997 para aumentar el tope a pagar al presidente de la universidad.  Yo no sé si esto no se quiso hacer para no levantar objeciones, pero terminó haciéndose algo peor –un proceso que paree no tener base en ley y muchísimo menos tiene una base moral cónsona con la situación fiscal que vivimos. 

¿Cuánto compromiso con nuestra Universidad tiene un individuo que ocupa un puesto que debe tener un prestigio y se autodenomina Rambo?

Rambo, digo, el presidente interino, declaró en una entrevista que venía a cumplir una misión.  Yo no sé cuál es su misión.  Yo sé cuál era la mía cuando acepté el puesto de directora de la Oficina de Derechos Civiles con la misma compensación que recibía como abogada en la Oficina del Asesor Legal: garantizar trato igual ante la ley y ser fiel a los más altos principios éticos en el servicio público que me enseñó mi papá.  Pero Rambo no sabe de eso.

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