Luis D. Dávila Pernas

Tribuna Invitada

Por Luis D. Dávila Pernas
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Mi escuelita chárter

Sonaron la alarma. El reloj marcaba las 5:30 p.m. y comenzaba la sacudida que atenta derribar sesenta y pico años de mediocridad e ineficiencia de nuestro sistema público de enseñanza. El gobernador Ricardo Rosselló, seguro y firme en su discurso, apostaba a uno de los pilares centrales de su nuevo plan de gobierno: la Reforma Educativa.

El concepto no es nuevo. Ya para 1974 comenzaba a resonar un nuevo modelo de enseñanza basado en la “educación por alianzas”, acuñado por un profesor de la Universidad de Massachusetts y adoptado 15 años más tarde por Al Shanker, entonces presidente de la Federación Americana de Maestros (“AFT”, por sus siglas en inglés). Shanker creía en un modelo de libre selección y competencia, en el que los padres ostentan el poder de escoger la escuela que quieran para sus hijos, conforme a sus necesidades.

El modelo educativo cobró tanto auge, que en 1994 el presidente Bill Clinton puso su estampa al primer proyecto de ley federal de escuelas chárter. Barack Obama tampoco vaciló en expandir el programa, al asignar en su primer año como presidente, más fondos al programa de escuelas chárter que todo lo que había asignado George W. Bush en sus ocho años de presidencia.

La transformación propuesta por la administración Rosselló es una profunda y alentadora. Rompe con un esquema burocrático y carcomido, buscando transicionar hacia un enfoque en el estudiante y la creación de alianzas. Descentraliza los múltiples componentes administrativos del Departamento de Educación y provee mayor autonomía a las regiones educativas, proveyendo una mejor fiscalización y rendición de cuentas.  Instituye un currículo centrado en la enseñanza bilingüe, con énfasis en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (“STEM”, por sus siglas en inglés). Como si fuera poco, incluye un aumento de salario de $1,500 a los miembros del magisterio público.

Por otro lado, la reforma presentada atiende el problema histórico que ha sufrido nuestra población de niños de educación especial. El Programa de Libre Selección propuesto, redundará en una mejora de servicios a ese sector mediante el establecimiento de programas de integración, sin sacrificar la enseñanza individualizada. A eso se suma una valiosa herramienta: el establecimiento de un programa de becas que permita a los estudiantes ingresar a una institución privada.

Y ahí es que se le “trancó el bolo” a la oposición política. Como de costumbre, inmediatamente salieron los mismos a objetar y criticar. Sacaron a pasear el viejo cuco de la “privatización” y cayeron en la retórica clasista de ricos contra pobres. La realidad es solo una: el sistema de educación colonial actual y su falta de recursos perjudica a los más pobres, y a su vez empuja a los menos pobres a gastar lo que no tienen en colegios privados que al final terminan siendo igual o peor que algunas escuelas públicas.

¿No es esa la verdadera privatización a la que debemos temer? Ningún padre debería verse obligado a tener que mudarse para lograr una mejor educación para sus hijos. Si esos mismos que se oponen a todo fueran verdaderos liberales progresistas, apoyarían iniciativas de gobierno que buscan mejorar directamente la calidad de vida de sus constituyentes.  Cabe preguntarse, ¿A quién le beneficia que nada cambie? Solo ellos sabrán. 

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