Zoé Laboy Alvarado

Tribuna Invitada

Por Zoé Laboy Alvarado
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Modelo contra la corrupción

La crisis histórica por la que atravesamos tiene serias implicaciones, no solo económicas y sociales, sino también en la credibilidad y capacidad de la Isla de hacer negocios en el contexto mundial. Si a esto le añadimos cómo los actos de corrupción han impregnado negativamente todos los niveles de nuestra sociedad, podemos decir que nos encontramos ante la encrucijada más grande que puede afectar un pueblo; o atacamos y atendemos los problemas desde su raíz o continuamos poniendo parches que terminan reventando y creando situaciones cada vez más delicadas para la Isla.

El soborno, la malversación, el fraude, la extorsión, los conflictos de intereses y el abuso de la autoridad son solo algunas formas de corrupción que coexisten libremente en nuestro sistema. Por décadas, en Puerto Rico hemos sido testigos de cómo la detección y el procesamiento criminal de los responsables han estado principalmente en manos del gobierno federal. Aunque agradecidos todos por ese compromiso del gobierno federal con Puerto Rico, es hora de que el gobierno estatal diseñe e implante iniciativas que sean más eficaces en la prevención, detección y procesamiento criminal de la corrupción. En Puerto Rico se ha tratado de atender este problema mediante el desarrollo de múltiples programas y agencias que evidentemente no han tenido el efecto esperado en detener los actos de corrupción gubernamental.

Ante este escenario, es imperativo el desarrollo de un modelo anti-corrupción cuyo objetivo primario sea lograr transparencia total en el quehacer público.

La experiencia me ha enseñado que para enfrentar los males sociales, no es necesario “reinventar la rueda”. La Organización de las Naciones Unidas establece que la corrupción es un problema mundial que debilita las instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental.

De hecho, existen países en el mundo que han desarrollado modelos anti-corrupción que han probado ser altamente efectivos. Entre estos, Hong Kong, Letonia, África Occidental y algunas áreas de Asia y Europa se rigen por los 10 estándares y principios establecidos por la Oficina contra las Drogas y el Crimen de la ONU. Estos estándares incluyen que toda agencia o programa se rija por un mandato amplio y claro para atacar la corrupción mediante la prevención, educación, concienciación, investigación y encausamiento a través de acción legal.

Además, establece que es necesario que la figura que se desarrolle debe tener una permanencia legal garantizada; y que los nombramientos sean realizados mediante un proceso que asegure su independencia, imparcialidad, neutralidad, integridad, con posturas apolíticas y competentes.

Otro punto relevante para este tipo de iniciativas es que tenga un mecanismo de rendición de cuentas que contenga procedimientos operacionales estándares, incluyendo monitoreo y mecanismos disciplinarios, para reducir el riesgo de conductas no apropiadas y el abuso de poder.

Establecido lo anterior, y paralelo al estudio de las mejores prácticas anti-corrupción del mundo, me propongo, desde la Legislatura, encaminar un proceso de investigación y análisis que nos permita, entre otras cosas: reconocer la aportación de cada organismo creado en ley para investigar y referir casos de corrupción o de ética; identificar la duplicidad de deberes y responsabilidades; reconocer dónde están las lagunas en el sistema y; finalmente, evaluar toda legislación que se vaya a promover para asegurar que no sea más de lo mismo, que no sean propuestas sin norte, sin contexto, sin dirección.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de que podamos trascender ideologías y colores, y que como pueblo hagamos un frente común para detener este mal que permite que personas inescrupulosas abusen de la confianza de nuestra ciudadanía.

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