Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Momento crítico para Promesa

El controvertido proyecto que inició con la aprobación de la Ley Promesa hace poco más de dos años está atravesando un momento crítico que podría determinar su éxito o su fracaso. La Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno todavía no están trabajando juntos con la unión de propósitos que presupone la Ley Promesa, y la confianza del público, tanto en la Junta como en sus gobernantes, no es lo que quizás sería si el proceso estuviera mejor encaminado.

En La Encuesta de El Nuevo Día publicada la semana antepasada, el 73 por ciento de los entrevistados (casi tres cuartas partes) indicó que la Junta “no sería beneficiosa” al preguntárseles si el organismo aporta al país y mejora su crítica situación económica. En otras palabras, casi tres de cada cuatro ciudadanos no ven la utilidad de este proceso para el país. La Encuesta también muestra que los ciudadanos, en general, tienen actualmente una opinión más pobre de sus gobernantes que la que expresaron en encuestas anteriores. Y los resultados son bastante consistentes a través de género, nivel de ingreso, edad, área geográfica y afiliación política, por lo que se puede decir que hablan a nombre del país.

El cuadro que pintan estos resultados es preocupante. En medio de su peor crisis, y sufriendo todavía los efectos de un huracán devastador, los puertorriqueños no ven en las autoridades locales, ni en las impuestas por Washington, una guía clara para superar las grandes dificultades que enfrentamos en la economía y en muchos otros órdenes de la vida cotidiana.

Mientras se debatían y digerían los resultados de La Encuesta, se desató otra controversia entre el gobierno y la Junta por el pago del bono de Navidad a los empleados públicos, algo que se veía venir y que quizás se pudo manejar sin llegar a la confrontación. Con el trasfondo que dibuja La Encuesta, esta controversia por el bono navideño se presenta como una advertencia más de que el proceso mismo de Promesa corre el riesgo de desintegrarse en una pluralidad de batallas pequeñas en lugar de concentrarse en sus cuatro objetivos principales: balancear el presupuesto, renegociar la deuda pública, salvaguardar las pensiones en el gobierno y las corporaciones públicas, y recuperar el acceso al crédito.

Se podría argumentar que el proceso sí está progresando en lo que toca a la renegociación de la deuda, en vista de lo avanzada que va la renegociación de los bonos Cofina. Pero este tema tampoco está libre de controversia. Hace unas semanas, uno de los arquitectos de la Ley Promesa, Antonio Weiss, exfuncionario del Departamento del Tesoro, criticó duramente el acuerdo sobre Cofina y advirtió que dejaría a Puerto Rico expuesto a una nueva crisis de deuda.

A esa y otras voces se suma ahora la de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, quien junto a otros dos economistas acaba de publicar un artículo técnico sobre la deuda pública de Puerto Rico enun medio de mucho prestigio: la serie de “working papers” del National Bureau for Economic Research (NBER), uno de los principales centros de investigación económica en Estados Unidos. Según Stiglitz y sus coautores, si Puerto Rico pudiera mantener un superávit fiscal primario equivalente a 1.5 por ciento del Producto Bruto, sería necesario recortar la deuda existente entre 58.6 por ciento y 67.5 por ciento para que la deuda futura fuera sostenible. Es decir, que aún con una férrea disciplina fiscal por largos años, sería necesario un recorte de la deuda mayor de lo que se está contemplando en las negociaciones actuales. Momentos críticos para Promesa.

Ante estas y otras dudas sobre la dirección que lleva el manejo de las cuentas gubernamentales y de la deuda pública, y dada la pobre percepción de la ciudadanía sobre todo el proceso, el gobierno y la Junta no pueden darse el lujo de desviar la atención de los cuatro objetivos centrales antes mencionados. Ni siquiera la entrada masiva de fondos federales en los próximos cuatro o cinco años puede cambiar la realidad fundamental de que tenemos un gobierno quebrado y una economía con pies de barro. Nos quedan como mucho cuatro años para planificar un verdadero despegue económico, antes de que se nos acabe la pista.

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