Ana Medina Hernández

Punto de vista

Por Ana Medina Hernández
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Necesitamos una mejor infraestructura digital ante la pandemia

El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia debido a la expansión acelerada del COVID-19 por el resto del mundo. Un día después el gobierno decide declarar a Puerto Rico en “estado de emergencia”. El 15 de marzo se decreta un toque de queda para reducir el riesgo de contagio entre personas. A consecuencia de este evento, se ha hecho un llamado para que los ciudadanos trabajen desde sus hogares, y, asimismo, que las instituciones suspendan parcialmente la enseñanza presencial para ofrecer en su lugar modalidades de educación a distancia. 

No obstante, las preguntas obligadas son: ¿qué infraestructura tenemos para satisfacer ambas demandas? ¿Cómo se van a atender los requerimientos de servicio de los ciudadanos? ¿Hay centros de atención al cliente? ¿Cuál va a ser el alcance de esos servicios? En el caso de los cursos en línea, ¿a dónde van a acudir los usuarios que no tengan servicio de computadora e internet? ¿Qué fuentes de información utilizarán para sus tareas si las fuentes asignadas no son digitales?  ¿Existe algún servicio de consulta a bibliotecarios para poder satisfacer las necesidades de acceso a información y otras fuentes de información? 

Todas estas preguntas deben invitarnos a reflexionar y evaluar la realidad de nuestro entorno. Muchos padres deben cuestionarse cómo van a solucionar las necesidades de información de sus hijos, cuando no existen bibliotecas públicas aptas, ni bibliotecas digitales bien diseñadas y dotadas de fuentes de bibliográficas confiables. De igual forma, muchos estudiantes universitarios deben preguntarse cómo desempeñarán sus labores académicas cuando el acceso a las bibliotecas tiene un horario limitado, cuando los recursos son insuficientes por la continua reducción de las colecciones digitales y cuando los servicios están condicionados por la falta de personal debido a los recortes presupuestarios. 

Los eventos de nuestra historia reciente evidencian la pobre capacidad de respuesta que tiene el país.  Parece que los huracanes, los temblores y las epidemias no son suficientes para convencer a nuestro gobierno de la necesidad de tener plataformas de acceso a información de calidad, disponer de infraestructura tecnológica alterna (en otros lugares fuera de la Isla) para garantizar el acceso a estos servicios y contar con el personal de apoyo técnico para atender los mismos en forma remota. Nos encontramos ante un cuadro donde existe un gran problema de desconocimiento general que refleja la pobre cultura de seguridad de la ciudadanía y las organizaciones. Decir que “nos vamos remoto” es una solución que convence únicamente a los ilusos que lo proponen. Solo ellos en su enajenación piensan que contamos con toda la infraestructura para apoyar dicha gestión. 

Todos los ciudadanos necesitamos que haya servicios remotos funcionales. Los estudiantes y facultad requieren que los cursos en línea estén apoyados por el acceso a recursos de información digitales y apoyados por bibliotecarios. No podemos pensar que estas necesidades de información se solucionan con Google, Youtube o un bitTorrent. 

La nueva realidad en estos tiempos inciertos nos debe llevar a proponer la educación en línea, el desarrollo de bibliotecas digitales y plataformas de gobierno digital como herramientas para el desarrollo socioeconómico del país. Estas propuestas deben formar parte del plan de contingencia para que ciertos sectores de la sociedad continúen activos, aun cuando ocurra una emergencia nacional. Hago un llamado a que se revise la legislación vigente sobre el acceso a la información, a las bibliotecas y al gobierno digital con el propósito de ajustarlas a la realidad social actual, pero anticipando los retos que nos depara el futuro.


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