Arturo Massol Deyá

Tribuna invitada

Por Arturo Massol Deyá
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Nefasto nuevo andamiaje legal de permisos

Si nuestro país es el reflejo de los permisos adjudicados por el gobierno, el saldo es evidentemente desastroso. Dañamos el litoral costero -dominio de todos y de nadie- con infraestructura en riesgo y que compromete un atributo natural importante para nosotros y para el turismo.

Con frecuencia conocemos de urbanizaciones que hacen noticia por estar construidas a la falda de un mogote que se derrumba, como en Bayamón, o filas enteras de hogares que penden de un hilo al barranco como en Naguabo.

Sabemos que los embalses no pueden almacenar mucha agua porque, a falta de cobertura boscosa, están sedimentados; sufrimos de inundaciones repentinas cuando llueve un rato y racionamiento de agua cuando no y hasta nos sorprenden con billboards que nacen de la noche a la mañana para iluminarnos hasta el cuarto de dormir y entorpecer la paz sin consulta previa.

Recientemente la revista científica Biological Conservation publicó un trabajo de William Gould y colaboradores donde se documenta la relación entre el cambio poblacional observado en Puerto Rico entre el 2000 y 2010 con nuevas construcciones. A pesar de una reducción de 28,868 personas a menos de un kilómetro de distancia de 124 áreas protegidas en la Isla, el número de casas aumentó en 32,300 nuevas unidades.

Ese modelo de urbanismo desparramado ha causado en la zona de recarga del embalse Carraízo, por ejemplo, no sólo aumentos en la demanda de agua más arriba, en el río sino que ahora tiene una reducida cobertura boscosa que apenas cubre un 35% de su superficie. Menos bosques significa mayor tasa de sedimentación y menos caudal de agua para recargar el embalse cuando no llueve.

Si este retrato parcial es el producto de permisos a cuenta gotas, ¿qué será cuando se otorguen a mansalva con la nueva Ley de Permisos?

Puedo entender la necesidad de facilitar procesos en una burocracia gubernamental muy disfuncional. Pero la nueva Ley, más que atender esta necesidad de agilizar procesos, representa un andamiaje que acelera el mismo modelo fracasado de ‘desarrollo’ mientras se restringe la participación ciudadana y los contrapesos necesarios para un desarrollo justo y armonioso.  

En la inmensa mayoría de las situaciones, sobre el 99 por ciento, se parte de la premisa de que el gobierno otorgó los permisos de manera válida. No florecen conflictos ni impugnaciones. Mirando en retrospectiva, es evidente la falta de rigor y deliberación necesaria para una planificación efectiva que potencie los intereses privados y públicos simultáneamente. A esto añada la corrupción en el otorgamiento de permisos. Sin embargo, en lugar de atender estos asuntos centrales, la nueva ley reafirma y agrava ese modelo insostenible implicando que cualquier desarrollo es bueno siempre y cuando aumente la inversión a corto plazo, aumenten las ventas de cemento y engorde los ‘indicadores’ económicos arcaicos que todavía se usan en este país. Indicadores que sirven para todo menos para medir progreso.

Cuando aquí se cuestionan proyectos -muy pocos para la magnitud del problema- suelen ser muy puntuales. La mayoría de los conflictos ocurren ante propuestas fraudulentas, para el beneficio económico de particulares en tierras públicas o a expensas de recursos naturales importantes. Así ocurre hoy aledaño al Bosque Seco de Guánica, donde un permiso para realizar una evaluación geotécnica terminó en la destrucción de 200,000 árboles en unas 40 cuerdas de terreno. Es aquí donde el rol de las comunidades en servir de contrapeso, de ente fiscalizador y defensor de los recursos naturales, de cuestionar y proponer soluciones es fundamental. Ante el vacío y la corrupción institucional, es aún más necesario fortalecer esta gestión.

Pero el nuevo andamiaje legal es nefasto. Permisos expeditos con poco rigor y baja participación ciudadana, entes fiscalizadores con agencias de gobierno débiles y con circuitos abiertos para la corrupción, criminalización de la ciudadanía con multas si protestan mientras ir por la vía legal se torna en una práctica imposible con nuevos requisitos que coartan el acceso a la justicia. Si “viola” la ley por defender los recursos naturales, se expone hasta a ir a la cárcel por tres años.

Mientras más represión e injusticia, más motivos para seguir defendiendo nuestras comunidades. 

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