María Dolores Fernós

Punto de vista

Por María Dolores Fernós
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Negligencia institucional ante violencia contra mujeres

Una mujer murió en Fajardo días atrás, víctima de múltiples heridas de cuchillo. El hombre señalado como su asesino había tratado de matar antes a otra mujer a cuchillazos también. Vi y escuché a esta última en un vídeo explicando las múltiples heridas en su pecho, brazos y cuello de las que pudo salvar la vida milagrosamente.

Al agresor que intentó matarla se le radicaron cargos por intento de asesinato y ley de armas, delitos graves que podían alcanzar de 10 a 16 años de cárcel pues la ley de armas establece que la violación a sus disposiciones en la comisión de un delito grave conlleva que las penas se sirvan consecutivamente.

Pero el asesino en potencia se declaró culpable luego de una negociación que redujo el delito de tentativa de asesinato a agresiones bajo la ley contra la violencia doméstica cuyas penas no exceden de tres años. Pero hubo más. La sentencia acordada entre la fiscalía y la defensa, y refrendada por el tribunal, mandataba a que tan pronto cumpliera la sentencia, se le extraditara a St. Kitts, su lugar de origen. Pero nada de esto ocurrió.

El asesino de la enfermera en Fajardo estuvo solo cinco años preso por el intento de matar a la primera mujer. El asesino de Fajardo salió hace dos años pero tampoco fue extraditado. A su primera víctima, que huyó del país, nunca se le informó de su excarcelación y vive aterrorizada ante este segundo feroz acto de machismo y odio.

En Ponce, pocos días después de los hechos de Fajardo, otro hombre amenazó a su excompañera, y la acechó en su lugar de trabajo y en su vecindario, demostrando premeditación. La acuchilló.

En este caso hubo múltiples testigos de sus actos amenazantes. Ella actuó para protegerse buscando una orden de protección. Pero pese a estas acciones que señalan una gran peligrosidad, no hubo arresto. Solo lo citaron, le dejaron el espacio y el tiempo al sospechoso de asesinar a la mujer acuchillándola.

Estas dos mujeres trabajadoras, responsables, con vidas productivas pudieran estar ahora mismo vivas si las personas encargadas de hacer cumplir las leyes contra la violencia de género que he mencionado hubieran creído que la vida de las mujeres tiene valor. El sistema debe tomar con seriedad las amenazas y acciones violentas contra las mujeres. Para ello se ha luchado y se han aprobado esas leyes. Pudieron haberlas protegido.

Nos sobrecogen estas fallas en el sistema judicial que reiteradamente rehúsa defender las vidas de las mujeres. Sentimos indignación ante una inconsciencia que raya en la negligencia criminal. Aplaudo la investigación ordenada por la secretaria de Justicia y la suspensión del funcionario involucrado. 

Pero ello no es suficiente puesto que no estamos ante un caso aislado. Exigimos una evaluación completa y urgente de las prácticas institucionales en los casos de violencia de género pues son muchas las disposiciones legales que están incumpliéndose. Todas tienen que examinarse urgentemente. Otras personas son también responsables de estas muertes. ¡Ni una más!

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