Vicente Feliciano

Punto de vista

Por Vicente Feliciano
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Negociar por el bien de la isla

Promesa es un animal extraño en Washington. Es un producto casi extinto de lo que se denomina legislación bipartita. En un ambiente dominado por posiciones extremas, fueron legisladores de centro, tanto republicanos como demócratas, los que aprobaron Promesa por abrumadora mayoría y por disposición de esta ley se constituyó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La JSF surge por la crisis fiscal de la isla y de la cual es en parte responsable el pueblo de Puerto Rico. En su génesis, tiene un issue de déficit de democracia. Sin embargo, mientras seamos colonia, negociar de buena fe con la JSF es nuestra mejor alternativa.

Los republicanos querían una junta de control que impusiera disciplina fiscal en Puerto Rico. Los demócratas querían un mecanismo de restructuración de deuda que en los EE.UU. existía para municipios y empresas gubernamentales, pero no para los estados ni para los territorios. El compromiso fue Promesa.

Esta situación política fuerza a la JSF a operar sin la legitimidad democrática con que se ha trabajado en otras crisis fiscales. En el caso de Detroit, el gerente de emergencia fue nombrado por el gobernador de Michigan, quien a su vez fue electo por el pueblo de Michigan, que incluye a la ciudad de Detroit.

Grecia es un país soberano y democrático. Ante su crisis fiscal, inició negociaciones con acreedores y entes multilaterales. Sin embargo, Alemania le puso límites claros al concepto de soberanía nacional: o aceptas las medidas que meramente te estamos sugiriendo y que incluyen reducción en pensiones, reforma laboral y privatizaciones, o te atienes a las consecuencias que incluyen salirte del Euro, adoptar tu propia moneda y posibles recortes en las transferencias que recibes de la Unión Europea.

Si bien la JSF carece de legitimidad democrática, no por eso la actitud del pueblo debe ser luchar contra la Junta. No podemos tener restructuración de deuda dentro del esquema colonial sin la JSF. Así que, a menos que la legislatura considere declarar la República de Puerto Rico, es necesario trabajar con la JSF.

El Congreso le otorgó a la Junta poderes significativos. Por ejemplo, solo la Junta le puede someter un plan de ajustes de deuda al Tribunal. Ni el gobierno ni los acreedores pueden someter planes alternos. Sin embargo, los poderes de la JSF no son omnímodos. Ya la jueza Laura Taylor Swain estableció que, si bien solo la Junta puede certificar el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, la JSF no puede tomar control directo de sus operaciones.

Supongamos que el gobierno prevalece ante la jueza Taylor Swain y no se aprueban algunas medidas que promulga la JSF. ¿Cuál es el escenario? Posiblemente la Junta se siente a negociar de buena fe con el gobierno sobre un plan fiscal alterno. Se retrasaría el proceso de restructuración de deuda. Al mismo tiempo, se podrían afectar los esfuerzos de cabildeo de Puerto Ricoen Washington D.C. sobre otros temas como fondos para la recuperación post-huracán María.

Supongamos que la jueza da la razón a la JSF. Entonces, se imponen las medidas promulgadas por la JSF sin el consentimiento del gobierno y sin modificaciones para atemperarlas al mejor juicio de los representantes electos democráticamente por el pueblo de Puerto Rico. No es un escenario propicio para la exitosa implantación del plan fiscal.

Al igual que los abogados que no se ponen de acuerdo sobre la prioridad de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y los de Obligaciones Generales, los economistas tenemos diferencias sobre lo apropiado del plan fiscal certificado por la JSF. A través del mundo se ha probado que una combinación de reformas estructurales, reducción de deuda y medidas de austeridad restablecen la salud fiscal de las jurisdicciones. Las diferencias entre economistas estriban en cuánto peso darle a cada una de estas medidas.

Recién Detroit sometió su cuarto año de presupuesto balanceado y termina la injerencia de una Junta estatal sobre la ciudad. Este año, Grecia termina su programa de ajuste después de varios años de implantación. Ambos procesos tuvieron costos sociales altísimos.

Parto de la premisa de que tanto la JSF como el gobierno de Puerto Rico quieren lo mejor para el país. Acepto que las circunstancias en las que operan son escenarios complejos. Y desearía flexibilidad para llegar a acuerdos mediante soluciones creativas.

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