Héctor Luis Acevedo

Punto de Vista

Por Héctor Luis Acevedo
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Ni cómplices ni víctimas de la reforma electoral

Las leyes electorales son diferentes a otras medidas legislativas pues son la fuente de poder para elegir a los funcionarios que hacen las leyes. Por eso se ha dicho que preservan todos los demás derechos. Y por eso hay que tener especial cuidado, pues “no se puede dejar que los de adentro decidan quiénes se quedan fuera”.

Veamos un ejemplo de nuestra historia. En los comicios de 1932 se quitaron las garantías contra el fraude electoral. Cuando llegaron los resultados del Censo de 1930, posterior a dicha la elección, el gobernador comparó los resultados con el registro electoral y se dio cuenta de que había 15 pueblos con más electores que habitantes. 

Veamos algunos datos: Coamo tenía 9,454 habitantes hábiles, pero tenía 14,144 electores, Toa Alta, 5,571 habitantes, pero 7,214 inscritos, Ponce 54,691 habitantes, pero 65,374 electores, Río Piedras 23,227 habitantes, 25,423 inscritos. El secretario del Trabajo preparó una legislación para impedir el fraude pero la legislatura, fruto de este, no la consideraba. El gobernador se dirigió al Congreso y el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad el colegio cerrado como enmienda a la Ley Jones. Entonces fue que la legislatura nuestra aprobó dicha medida.

Esta semana, la gobernadora Wanda Vázquez tiene que vetar o aprobar una reforma electoral que elimina o debilita todas las garantías contra el fraude. Tiene el rechazo directo de todos los partidos de oposición.

Dos prominentes y valientes estadistas han expresado sus reservas a esta pieza legislativa. El presidente de la Asamblea Municipal de Ponce, Dr. Rafael Mateu Cintrón expresó:

“El propuesto Código Electoral afecta nuestro sistema electoral, su integridad y confianza. La gobernadora no debe firmar este proyecto, ya que la tradición en la isla es que este tipo de legislación debe tener el consenso”.

“Si el Código Electoral propuesto logra el consenso de todos los partidos de oposición sí se puede aprobar, si no, no. Las reglas de juego no deben cambiare tan cerca de un proceso electoral y lo recomendable es posponer esta discusión para el próximo cuatrienio”.

El ex secretario de Justicia, Héctor Reichard, ha expresado a la gobernadora:

“Mi carta hace hincapié en que ese proyecto de ley tiene que partir de la promesa -que es casi de rigor tenerla y articularla- de que la voluntad del elector hay que respetarla y de la manera en que está diseñado este proyecto contiene la posibilidad absurda que la interpretación que hace de cómo vota una persona sea exactamente contraria a la voluntad del elector.

“El Código Electoral tiene una falla legal muy grande al permitir como una posibilidad real que personas que no son domiciliadas en Puerto Rico puedan tener acceso a votar aquí. Entonces se violenta el principio de que el peso del voto de cada individuo tiene que ser el mismo. Y esa es una falla fatal”.

“Mi pedido a usted, con todorespeto, es que no firme el proyecto. No es el momento para cambiar un sistema electoral que, si bien puede ser mejorado, no está dañado, por lo contrario, produce elecciones válidas cada vez en la alternancia que vive nuestra democracia. La Asamblea Legislativa bien pudiera volver al trabajo de consenso y prospectivamente llegar a algo superior que cumpla con el estado de derecho a lo que tenemos”.

Nuestra primera gobernadora Sila María Calderón ha reclamado con elocuencia que se respete la mejor tradición democrática de Puerto Rico. Y Victoria Muñoz Mendoza le escribió a la gobernadora:

“En horas como esta, uno debe buscar la brújula amiga de los principios para que le guíen en la noche oscura de la incertidumbre. 

“Un proyecto de ley que no respeta la intención del elector, que invita al voto fraudulento y les niega las inscripciones a los jóvenes en sus escuelas, no merece su firma como gobernadora”.

Se ha dicho, con razón, que el que calla ante la injusticia termina siendo su cómplice o su víctima. Nuestro pueblo no se merece ninguna de las anteriores.

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