Athelyn Jiménez Emmanuelli

Tribuna Invitada

Por Athelyn Jiménez Emmanuelli
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¿Niños o adultos en miniatura?

La abogada llega a la celda del Tribunal de Menores a entrevistar a su cliente de 10 años de edad, al que le queda grande el uniforme de preso. Estaba lloroso acostado debajo del banco de cemento, sobre el piso frío. Medía poco más de cuatro pies. Estaba imputado de alteración a la paz por decirle una “maldición” a su madre.

Aquel niño le había sido removido a mamá luego de verla drogarse, prostituirse, olvidarse de él y sus hermanos. Recientemente había sido devuelto a esa casa. Ella no encontró mejor forma para castigarlo. El Procurador de Menores radicó y un juez ordenó su detención. Esa historia no es un sueño o un invento. Esa historia la viví, y se vive a diario, en nuestros tribunales de menores.

Desde 1967, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que es necesario que el debido proceso de ley cobije a los menores con un sistema especial para ellos cuando están en conflicto con la ley penal.

En Puerto Rico, en 1986 se aprobó la Ley 88, mejor conocida como Ley de Menores. Luego de más de 30 años de su aprobación es necesario que esta ley se revise. Esto debe hacerse de manera bien pensada, tomando en consideración las nuevas realidades del país y del mundo, así como los avances y estudios científicos que nos ayudan a entender el desarrollo y las diferentes etapas del individuo menor de edad.

Hay tres diferencias fundamentales entre menores y adultos: inmadurez, susceptibilidad a la presión de grupo y mayor propensión a la rehabilitación.

Actualizar una ley no debe ser simplemente aumentar penas, categorías de delitos, permitir que personas que comienzan su adolescencia sean juzgadas con los rigores de un adulto. Nuestra condición de adulto no es un permiso para tratar a los niños como ciudadanos de segunda clase.

Es imperativo que al enmendar esta Ley se considere al individuo que va a ser objeto del proceso y que pudiera perder su libertad. Estas personas están en pleno desarrollo, su capacidad disminuida en comparación con un adulto, y su comprensión de los procedimientos no es adecuada hasta llegados los 13 años. Edad cuando, según estudiosos como Thomas Grisso y Lawrence Steinberg, comienzan a entender la naturaleza de los procesos.

El Informe Estadístico de la Rama Judicial del año 2014-2015, refleja que las querellas presentadas contra niños menores de 13 años fueron solo el 3.7% del total de querellas. La propuesta de edad mínima no implica impunidad. Su fin es referir a esos niños a recibir servicios sin el estigma, sin que estos pequeños se vean a sí mismos como criminales, ni pasen ansiedades adicionales a las que ya deben estar viviendo en un entorno que los llevó a incurrir en conducta delictiva a tan temprana edad.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos en JDB v. North Carolina expresó: “Nuestra historia está repleta de leyes y reconocimiento de que los menores no pueden ser vistos simplemente como adultos en miniatura”.

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