José B. Carrión

Perspectivas de la Junta

Por José B. Carrión
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No culpemos a los huracanes por la pobre economía de Puerto Rico

Andrew G. Biggs, miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y académico residente en el American Enterprise Institute, es coautor de esta columna. 

La legislación bipartita de 2016 que creó la Junta Federal de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, de la cual somos miembros, incluyó una intención explícita del Congreso de que “cualquier solución duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico debe incluir reformas fiscales permanentes y en pro del crecimiento”.

Y, sin embargo, la Junta hoy proyecta que la economía de Puerto Rico dentro de cuatro décadas no será más grande de lo que es hoy. ¿Qué salió mal?

Para la mayoría de los estadounidenses, Puerto Rico trae a la mente solo dos palabras: quiebra y huracán. Irónicamente, el impago de la deuda de la isla de 2016 y el devastador huracán María de 2017 estimularán el crecimiento económico a corto plazo en Puerto Rico. La legislación de quiebra aprobada por el Congreso le permite a Puerto Rico deshacerse de parte de su deuda abrumadora, mientras que los $82,000 millones en ayudas federales y pagos de seguros privados producirán una explosión de actividad económica. Pero una vez se disipa el estímulo federal, el crecimiento desacelera. La migración continúa, reaparecen los déficits presupuestarios, y no se puede descartar una futura crisis fiscal.

Puerto Rico tiene muchos problemas. El más importante, por mucho, es que muy pocos de sus residentes tienen empleos. La tasa de participación laboral de Puerto Rico de 40 porciento no solo es menor que la de cada estado de los Estados Unidos y cada una de las restantes islas del Caribe, que promedian en el rango de los bajos 60, sino también del 97 por ciento de los más de 200 países y territorios que encuesta el Banco Mundial. Si Puerto Rico mejorara su participación laboral a tan solo al 54 por ciento que tiene Virginia Occidental, la más baja de los Estados Unidos continentales, la economía mejoraría por casi 11 por ciento, aumentarían los recaudos por impuestos y la tasa de pobreza de 44 por ciento se desplomaría. Pero si la participación laboral permanece baja, Puerto Rico será pobre para siempre.

Una participación laboral que está en el 3 por ciento más bajo a nivel global no ocurre por accidente. Es el resultado de políticas públicas bien intencionadas, pero mal dirigidas. Y no se ha hecho lo suficiente por cambiarlas.

El pobre ambiente para hacer negocios en Puerto Rico, clasificado 64to en el índice de Facilidad de Hacer Negocios del Banco Mundial vs. el sexto que ostenta Estados Unidos, frena el crecimiento en empleos. Más aún, los altos beneficios mandatorios—12 días de enfermedad, 12 días de vacaciones pagas, hasta $600 de bono de Navidad y ocho semanas de maternidad paga—junto a protecciones laborales que hacen que sea costoso despedir a un empleado que resulta insatisfactorio, desalientan el que los patronos contraten más empleados. Finalmente, Puerto Rico no tenía ni un crédito por ingreso devengado ni un requisito de trabajo para su programa de asistencia alimentaria, en el cual casi el 40 por ciento de sus residentes está registrado. Cuando los beneficiarios sí trabajan, la eliminación de sus beneficios significa que a menudo no están mucho mejor si trabajan.

Como resultado, Puerto Rico no tiene más empleados en las industrias relacionadas al turismo que Nebraska, a pesar de que la población de Puerto Rico es un tercio mayor. Si las políticas laborales de Puerto Rico no fueran dañinas para los empleos y los salarios, todos los estados las tendrían también. De hecho, hasta los estados más progresivos carecen de requisitos como los que tiene Puerto Rico.

La Junta ha presionado fuertemente para que se lleven a cabo reformas. Las más importantes—la reducción de beneficios mandatorios y cambiar a Puerto Rico hacia una jurisdicción de empleo voluntario similar a los estados—fueron rechazadas por la legislatura de Puerto Rico. Y, contrario a la Junta de Control de Washington, D.C. en la década de 1990 o el administrador de emergencia de Detroit, la Junta de Supervisión de Puerto Rico no puede obligar legislación alguna. La administración del gobernador Ricardo Rosselló accedió a reformas de negocios y un requisito de trabajo para el programa de asistencia alimentaria, pero el gobierno está implementado ambos lentamente. Solo permanece una propuesta para el crédito por ingresos devengados y sus efectos serán tenues si no se complementan con otras reformas. Por lo tanto, el economista de la Junta proyecta que no habrá recuperación a largo plazo.

La negativa de Puerto Rico de liberalizar su mercado laboral informa un modelo económico más amplio que le ha fallado a los puertorriqueños. El gobierno reparte empleos, contratos de negocios y fondos de reconstrucción, aun cuando los puertorriqueños hablan abiertamente de apadrinamiento, politización e influencias desde adentro. El propio Rosselló es un político joven y brillante con tendencias reformistas. Pero opera en un ambiente político en el cual el rol del gobierno en la vida de la gente es ubicuo, a menudo corrosivo.

A Puerto Rico no le han faltado las advertencias acerca de la necesidad de soltar el agarre del gobierno. El economista ganador del Premio Nobel, James Tobin, alertó en un informe de 1975 que “la única base duradera para la prosperidad es desarrollar y mantener actividades económicas en la isla que sean competitivas internacionalmente”. Sin embargo, hoy en día se hace muy poco por lograr esa meta.

Puede que Puerto Rico se deshaga de algo de su deuda a través de la quiebra y que reconstruya su infraestructura con ayudas federales, pero sin un compromiso robusto de llevar a cabo reformas económicas, las debilidades subyacentes que hicieron a Puerto Rico vulnerable a la quiebra permanecerán. Como ciudadanos americanos, los residentes de Puerto Rico pueden mudarse libremente a los Estados Unidos continentales, como lo hicieron cientos de miles aún antes del huracán María. Allí pueden disfrutar de una economía que ofrece menos beneficios mandatorios y protecciones laborales más holgadas, pero la oportunidad de encontrar un empleo y construir un sueño.

Pero los puertorriqueños que deseen permanecer en la isla donde nacieron merecen algo mejor. Y no deberían tener miedo de exigirlo.

Esta columna fue publicada en inglés el 17 de diciembre de 2017, en The Washington Post.

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