Joanne M. Rodríguez Veve

Tribuna Invitada

Por Joanne M. Rodríguez Veve
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No es un asunto religioso

Para estar en contra del aborto no hay que ser religioso. Mucho menos para estar a favor de que se requiera autorización de los padres de un menor para que este pueda someterse a un procedimiento médico. Sencillamente, estas son posturas que puede asumirlas cualquiera, sea creyente o no.

Sin embargo, por ignorancia o demagogia, algunos pretenden encasillar dichas posturas en el ámbito de las religiones, como si se tratase de un asunto que sólo les incumbe a los religiosos. Y peor aún, se quiere hacer pensar que cualquiera que esté en contra del aborto o crea en su regulación, por más lógica y razonable que esta sea, está tratando de imponer sus creencias religiosas. ¡Por Dios!

El más alto rigor intelectual requiere admitir que no toda postura que coincida con los principios de una religión, es ipso facto un intento de imponer creencias religiosas. Por esto, hay que distinguir entre el intento indeseable de imponer las creencias que pertenecen exclusivamente a una religión, versus promover y legislar de acuerdo a posturas que, si bien pueden coincidir con los principios de algunas religiones, también pueden ser asumidas por ateos, agnósticos y personas de cualquier ideología.

¿Acaso no parece cuestionable que, por ejemplo, nadie dispute que se requiera autorización de los padres para que una menor sea atendida por un dentista, mientras algunos embisten una batalla feroz ante cualquier intento por requerir la misma autorización ante la práctica del aborto? ¿Por qué les parecería justificable la exigencia del consentimiento de los padres para que una menor se saque una muela (también es su cuerpo), pero no para terminar un embarazo ¿Por qué los promotores del “poder elegir” no se sienten aludidos ante las vastas prohibiciones y regulaciones que limitan el acceso de los menores a otros servicios de salud?

Si tan inhumana, injusta y vetusta les parece a algunos la regulación del Proyecto del Senado 950, al menos deberán ser consecuentes y abogar para que otros servicios médicos en el Puerto Rico no exijan el consentimiento de los padres.

El gobernador ha decido vetar dicho proyecto arguyendo que para él “es una cuestión del derecho a la intimidad”. En cambio, para mí -y estoy segura que para muchos padres también- se trata de nuestro derecho a educar, ayudar y proteger a nuestros hijos. Por ahora, solo queda confiar que, en el futuro, surgirán otras oportunidades para actuar con razonabilidad.

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