Jorge “Georgie” Navarro

Tribuna Invitada

Por Jorge “Georgie” Navarro
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No es viable una edad mínima para procesar a menores

Uno de los grandes debates este año ha girado en torno a qué hacer con el sistema de justicia de menores. Aunque debo decir que mucho se ha hablado sobre la viabilidad de establecer una edad mínima para que un menor enfrente un caso en los tribunales, existe una necesidad apremiante de modernizar el sistema completo.

Se necesita, por ejemplo, reclasificar los delitos dentro del Código Penal de Puerto Rico para colocarlos a tono con la realidad actual y estableciendo, dentro de las faltas que serán consideradas como Clase III, aquellas que, por su gravedad, requieren mayor control y supervisión por parte de la Rama Judicial.

Además, se hace imprescindible incluir la decisión del Tribunal Supremo en Pueblo de Puerto Rico en interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995), sobre el concepto jurisdicción. En ese caso, el máximo foro expresó que dicho concepto se refiere a “la facultad esencial del Tribunal de Menores de Puerto Rico para entender en procesos contra estos”. Mientras, el concepto autoridad se refiere a “la supervisión, detención o custodia del menor que asume el Estado, como parens patriae, durante el encausamiento del menor; y luego de que se haya determinado que está incurso en la comisión de una falta.

Ambas cosas las contienen los proyectos de ley radicados por nuestro presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Lamentablemente, la discusión pública se ha centrado en imponer una edad mínima, obviando medidas como las que anteriormente expliqué. Sobre este asunto, el establecer una edad mínima mediante legislación sería contraproducente, ya que cada caso es diferente, toda vez que un menor de 10 años pudiese ser más maduro que uno de 12 y tener más malicia que este último.

Existen casos de menores de 11 años imputados de agresiones sexuales contra menores de 5 años y eso es una lamentable realidad que día a día se ve en las salas de menores a través de todo Puerto Rico. Decenas de Procuradores de Menores pueden dar fe de esto.

No investigar o procesar conducta delictiva imputada a un menor, únicamente por el hecho de su edad, no es algo real en el Puerto Rico moderno. Le corresponde a los procuradores de menores llevar a cabo la investigación pertinente y evaluar la prueba de manera justa, sin amarras.

Por eso enfatizo que establecer un límite de edad tendría como resultado dejar a las victimas desprovistas de remedios. Además, lo más importante es que dejaría al menor sin los beneficios que devengaría de una atención temprana a sus problemas mediante la prestación de los servicios que este y su núcleo familiar requieran para que el menor se rehabilite y logre ser persona de bien en la sociedad.

Además, estos menores serían explotados por el bajo mundo para hacer sus fechorías a sabiendas que no podrán ser procesados por cuestión de edad. Esto en nada ayuda a nuestra juventud. Todo lo contrario.

Según consta, la Oficina del Procurador atiende querellas por faltas cometidas dentro de la escuela que van más allá de simples agresiones entre estudiantes. Por ejemplo, todos los meses hay casos de estudiantes que causan daños agravados, venden de sustancias controladas, comenten escalamientos, y son encontrados en posesión de armas blancas, entre otras.

Estas faltas están penalizadas en el Código Penal y les corresponde al Departamento de Justicia, y no al de Educación, el procesamiento de los delitos que atentan contra la persona, la sociedad y la propiedad.

No cabe duda de que el debate sobre este tema es necesario y estamos aquí para aportar, pero con datos reales y resultados medibles. 

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