Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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No hay ética en el despilfarro

Despilfarro, despilfarro y más despilfarro. Ese ha sido el denominador común en las administraciones de las últimas décadas y la actual no es una excepción.

Desde este espacio hemos denunciado reiteradamente el gasto multimillonario en contratos externos que ha sido la norma desde hace años y que se acrecienta en estos tiempos de crisis fiscal y económica.

Dentro de este contexto, debemos puntualizar el gasto exorbitante en honorarios de abogados vinculados al proceso de Título III de la ley Promesa, así como la proyectada privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la contratación de servicios por parte del Departamento de Educación.

Hasta la jueza federal Laura Taylor Swain, que preside el proceso de Título III, considera excesiva la facturación de abogados y asesores relacionados con el pleito, aun cuando aprobó esta semana el pago inicial de $48.6 millones para estos fines. Quedaron pendientes de aprobación otros $26.3 millones en honorarios.

Este es un gobierno en proceso de quiebra que ha declarado impagable la deuda pública de sobre $72,000 millones y que no ha podido siquiera abonar los intereses, pero compromete el pago de decenas de millones de dólares a los abogados que representan a la administración y a la Junta de Supervisión Fiscal, cuyos gastos también son responsabilidad de Puerto Rico.

Mientras tanto, la AEE sigue demandando millones largos de dólares para seguir operando y el gobierno, por su parte, ha echado a andar finalmente una propuesta de privatización de la corporación pública que ha levantado bandera roja en la Comisión Reglamentadora de Energía.

El presidente del ente regulador, José H. Román, ha advertido que el gobierno no puede excluir a la comisión del proceso privatizador, que es lo que hace el proyecto de ley sometido esta semana por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La medida pospone cualquier participación de la Comisión de Energía hasta después de que se haya finalizado la transacción, impidiéndole examinar las propuestas en la etapa de negociación como, según Román, ha sido la norma en proyectos similares en Estados Unidos.

El proyecto del Ejecutivo, ahora en manos de la Legislatura, basa las negociaciones en la Ley de Alianzas Público Privadas (APP) y abre las puertas a acuerdos que podrían extenderse por hasta 50 años.

La discusión de la privatización de la AEE surge cuando por lo menos un tercio de la población sigue sin servicio de energía eléctrica a causa del paso del huracán María el 20 de septiembre pasado. Algunos inclusive están sin luz desde dos semanas antes, cuando el huracán Irma rozó la costa norte de Puerto Rico.

En otro ejemplo dramático de despilfarro gubernamental, esta semana se conoció que el Departamento de Educación firmó un contrato por cerca de $17 millones con una compañía privada de Estados Unidos para que ofrezca un curso de enseñanza de valores en alrededor de 1,100 escuelas públicasdurante cinco meses.

Se trata de la misma compañía a la que, en 2010, la administración del entonces gobernador Luis Fortuño encomendó el programa “Tus valores cuentan” para implantarse en un centenar de escuelas. Aquel contrato fue por $600,000.

El contrato actual, aunque más abarcador, representa un costo por escuela mucho mayor que el de 2010. Pero, lo realmente perturbador es la explicación que ha dado la secretaria de Educación, Julia Keleher, para su otorgación.

Keleher, quien también es una contratista de Educación y devenga $225,000 anuales, justificó la contratación del Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics diciendo que se pagará con fondos federales que, si no se usan, habría que devolverle al gobierno de Estados Unidos. O sea, vamos a gastar por aquello de gastar.

Habría que matricular a algunos funcionarios de gobierno en los cursos de ética y valores.

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