Luis Pedraza Leduc

Tribuna Invitada

Por Luis Pedraza Leduc
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No le creo al gobernador Rosselló

El reto del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la determinación de la Junta de Control Fiscal para que se reduzca la jornada de trabajo y salario a los empleados públicos deja un sabor de escepticismo, como mínimo o una crítica fuerte, que da pie a acusar la posición del mandatario de cínica u oportunista.

Es difícil creer que el gobernador que utilizó como campaña electoral su compromiso de pagar la deuda, razón por la cual no cuestionó la razón de ser de la Junta ni de la Ley PROMESA, enfrente a la entidad esbozando un compromiso genuino en favor del bien común.

Por el contrario, legitimó la existencia de la Junta al proclamar que su "Plan para Puerto Rico" era equivalente al Plan Fiscal que la Junta exigía. Desde las 12:01 de la madrugada del 2 de enero, el gobernador firmó órdenes ejecutivas y radicó más de una docena de proyectos de ley que han sentado la zapata del llamado "Plan para Puerto Rico", el cual la Junta ratificó como Plan Fiscal certificado para la próxima década que nos tocará vivir en Puerto Rico.

Al amparo de la Ley PROMESA, proclamando la supremacía de esta ley sobre la legislación colonial que se aprueba en Puerta de Tierra, se promueve legislación para privatizar las actividades gubernamentales, se eliminan derechos y condiciones de trabajo a los empleados del sector privado y se transforma radicalmente el servicio público para fusionar, eliminar o privatizar más de cien agencias de gobierno.

Como si fuera poco, se desechan los derechos constitucionales de organización sindical, se prohíbe la negociación colectiva en el gobierno y se eliminan derechos y beneficios logrados en los convenios colectivos. Todo ha pedido de la Junta, en la cual el gobernador ocupa la octava silla.

La reducción de la jornada y el salario de miles de empleados públicos y sus familias ha sido aceptada por el gobernador y su gabinete. Hicieron cálculos, seminarios y se prepararon para su implementación. Sus homólogos en las alcaldías del país desde hace años aplican sin contemplación alguna la reducción de jornada a los empleados municipales. Los abogados y asesores del gobierno son los mismos que representan a los patronos de agencias y alcaldías para rebatir los argumentos de los trabajadores que objetan las reducciones de beneficios o jornadas de trabajo.

Siempre hemos planteado que las medidas de austeridad hacen mal al país y a la economía en todos los renglones. La reducción de la jornada y del salario tiene un impacto multiplicador nefasto para el país. Los gobernantes han estado sordos a estos reclamos y advertencias.

La objeción del gobernador está basada en su alegación de haber logrado economías suficientes mediante los recortes hechos a los trabajadores del servicio público y privados. El plato ha sido servido a favor de los empresarios y los desarrollistas privados. Por tanto, en esa fórmula de privilegios al sector privado el gobernador entiende que la reducción de jornada no debe ser aplicada.

Por tanto, su lógica sostiene que si los ahorros no existen, entonces la reducción de jornada y salarios es necesaria. Y ahí está la debilidad de su argumentación. La Junta, de la cual él es parte, entiende que no existen tales ahorros.

Nuestra oposición a la reducción de la jornada y de los salarios es igual a la objeción a despidos o medidas de austeridad que afectan a la clase trabajadora de inmediato y a toda la sociedad como parte del efecto multiplicador. No depende de asuntos contables. Es un principio a favor del derecho al trabajo y demás derechos universales sobre bases de igualdad y bienestar social.

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