Milagros Rivera Watterson

Punto de vista

Por Milagros Rivera Watterson
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No podemos volver a la mano dura en las cárceles

En carta oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación se anunció la implantación de medidas extremas de seguridad para controlar el tráfico de drogas, especialmente en la institución de máxima seguridad 292 de Bayamón. El departamento alega que dada “la alta incidencia de tráfico de drogas” se ha visto en la obligación de suspender las visitas de familiares hasta nuevo aviso.

Nosotros, como Comité de Amigos y Familiares del Confinado, no acostumbramos intervenir con las medidas de seguridad que implante Corrección, ya que estas acciones son parte del deber ministerial de esa agencia. Pero nos preocupa cómo estas suspensiones de visitas puedan afectar los esfuerzos de ofrecer servicios al confinado que propendan a su rehabilitación. El mantener relaciones con su familia es un aspecto importante en ese proceso. No olvidemos que esa agencia no solo tiene funciones de corrección sino también de rehabilitación. Ambas son importantes y lograr un balance no es fácil.

Tenemos que reconocer que Corrección tiene un serio problema presupuestario. Con medidas de sana administración, incluyendo el buen uso del personal, se hubiesen evitado el déficit que ahora alegan tener de 1,500 guardias de seguridad. 

Esa agencia necesita urgentemente una reorganización que incluya la determinación del personal disponible y la reasignación de puestos burocráticos regionales no necesarios, para que refuercen al personal indispensable para el servicio directo en las instituciones. Si se sabía que estaba escaseando el personal de seguridad hace más de un año, debieron tomarse provisiones para evitar la crisis con la que ahora se confrontan. También debieron manejar más adecuadamente la redistribución de personal que tenían en destaque en otros trabajos. No fue sino hasta recientemente que los devolvieron a sus puestos de guardias de seguridad.

Reconocemos, por las propias estadísticas suministradas por esa agencia, que el 68 por ciento de la población penal es adicto a drogas, pero si no se desarrollan programas de tratamiento, estos confinados no podrán rehabilitarse. Si no logramos romper el círculo vicioso del confinado que cumple su sentencia y regresa a la comunidad sin haber logrado vencer su adicción, estaremos repitiendo los errores que impiden una baja en la criminalidad. 

En realidad, si consideramos que la adicción a drogas es una enfermedad, no deberíamos tener a estas personas en instituciones penales, sino en programas de tratamiento, distinguiendo al usuario del traficante

Aun cuando reconocemos que hay que asegurar que las drogas no entren a las instituciones, hay medidas como el uso de canes, revisión de los visitantes y otras que bien implantadas podrían ayudar a resolver el problema. Suspender las visitas no va a resolverlo a largo plazo. En cambio, creará malestar e incidirá negativamente en el mantenimiento y desarrollo de lazos familiares que contribuyan a lograr un plan de rehabilitación. Las medidas punitivas y el volver a la mano dura a largo plazo será contraproducente.

Consideramos que le compete al Departamento de Corrección buscar los fondos necesarios para reforzar la seguridad, pero también para ofrecer servicios de salud mental. Estos están en precario, porque para el 31 de diciembre habrá despidos masivos de trabajadores sociales, sicólogos y siquiatras, los cuales son prestados por una empresa privada y que son necesarios para el servicio a los confinados.

Urge buscar los fondos requeridos tanto para seguridad como para tratamiento. Si no se hace, se seguirán violentando las estipulaciones del caso Morales Feliciano y las Reglas Mandela.

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