Silverio Pérez

Punto de vista

Por Silverio Pérez
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Nos falta voluntad de pueblo

Mientras el país vive un momento de suprema definición, veo incólumes las tres divisiones tradicionales en nuestra sociedad. Primero, los adictos a las noticias, que no nos perdemos un noticiario, escuchamos a los analistas que nos interpretan a su antojo la situación diaria del país hasta que las úlceras nos estallen, y leemos todos los diarios. Segundo, los que saben más o menos lo que está pasando, pero como saben que no es bueno, no se interesan mucho por averiguarlo y prefieren entretenerse con programas mañaneros de las estaciones FM o viendo series de Netflix. Y hay un tercer grupo, que ni tiene idea ni le importa lo que está sucediendo. A esos, si les mencionas las decisiones de la Junta de Control Fiscal te miran como si estuvieras hablando del teorema de Pitágoras y se limitan a preguntar: ¿La Junta de qué? Para ellos, Laura Taylor Swain debe ser una actriz de Hollywood y Natalie Jaresko una gimnasta rumana.

El problema es que no importa cuán conscientes o no estemos de la realidad que vive el país, a todos nos afectará. Las noticias recientes no auguran que veamos la luz al final del túnel ni tan siquiera como los más pesimistas temían. Enumeremos tres de esas noticias para los honorables miembros del segundo grupo antes mencionado. Primera: la jueza Laura Taylor Swain selló la lápida de lo que antes conocimos como el gobierno propio del Estado Libre Asociado. Aquella metáfora de que la Junta de Control Fiscal determinaba el tamaño del cuarto y el gobernador decoraba la habitación a su antojo se fue por la borda. Ahora la Junta controla el cuarto, compra los muebles del estilo y color que le plazca, los acomoda a su antojo y es entonces que el gobernador puede entrar a la habitación, pero tiene que pedir permiso, si se quiere sentar en el sofá. Aquel grito del joven gobernador de que estaba dispuesto a ir preso por defender su política pública ha pasado a integrar la lista de cosas que prefiere olvidar, como aquella aseveración de la deuda era pagable.

Segunda: la corte del Circuito de Apelaciones de Boston dejó claro que esa protección ante las demandas de los acreedores que los favorecedores de la Ley Promesa proclamaban como una bendición, tampoco es como fue imaginada. Tiene sus grietas, y los abogados de estos bonistas poseen garras suficientes para convertir una grieta en un enorme hueco. Tercera: la Junta y el Gobierno anuncian con bombos y platillos acuerdos de pagos con algunos de esos grupos de bonistas que no son como para alegrarse pues la reducción de la deuda solo es buena para el que prestó y no para el deudor, que somos nosotros. El resultado final es que seguiremos hipotecados por décadas y décadas y los bonistas se saldrán con la suya.

Como si lo anterior estuviera ocurriendo en otro país lejano, leemos noticias de guaguas de lujo que tanto la Comisionada Residente como el Gobernador, sin querer queriendo, se mandaron a hacer; de contratos multimillonarios que se siguen dando en asesorías, incluyendo en la misma Junta de Control Fiscal, de divisiones políticas intrapartidos en lucha para ver a quién le toca el privilegio de no gobernar a partir de enero del 2021, y un arranque de clases caótico.

En medio de estas noticias producto del absurdo trágico, lo único que se escucha con algún nivel de lógica es el llamado del juez federal Juan R. Torruellas, quien dijo que “Promesa representa el acto más denigrante, antidemocrático y colonial que se haya visto, además de ser un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico… Permítanme sugerir organizar un movimiento de resistencia civil”. Parece haber llegado ese momento. Lo que no existe es la voluntad política para elevarse al nivel del momento.

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