Karla Angleró González

Tribuna Invitada

Por Karla Angleró González
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Nuestra próxima batalla electoral

Por años las reformas de nuestro sistema electoral han tenido como base el consenso de los diferentes partidos políticos. Así ocurrió con nuestra Constitución, carta magna que rige nuestro sistema de gobierno, en donde personas de todas las ideologías minimizaron sus diferencias por un bien común: el desarrollo de Puerto Rico en todas sus capacidades. Pretender enmendarlo nuevamente sin tomar en cuenta la opinión de los partidos de minoría, además de ser un asalto a la democracia, es un claro menosprecio a la voluntad de los puertorriqueños.

Por dos años fungí como Comisionada Alterna del Partido Popular Democrático en la Comisión Estatal de Elecciones. Allí aprendí a entender, proteger y defender nuestro sistema electoral. Ese mismo que nos ha servido bien y que certifica elecciones, cada cuatrienio, sin que se haya derramado una gota de sangre por la validez de sus resultados. 

El pasado año tuve el honor de participar como observadora de la UNIORE a las elecciones de Paraguay. Allí se utilizó nuestro sistema de voto a domicilio, el cual se implantaba por primera vez en dichos comicios. De igual manera, otros países han emulado nuestro sistema electoral. Sin embargo, la actual mayoría parlamentaria, lejos de sentir orgullo por nuestro sistema y continuar mejorándolo, busca eliminar sus garantías contra el fraude electoral, criminaliza los procesos de recusación, aumenta el salario de los comisionados, -aún en la crisis- liberaliza el voto ausente para que residentes fuera de Puerto Rico puedan votar y elimina la facultad de los comisionados electorales de evaluar y en consenso seleccionar la persona que dirigirá la Comisión Estatal de Elecciones para que sea nombrado por el Tribunal Supremo, entre otros cambios. Imaginen ¿qué pasaría si alguna controversia electoral llegara a manos del Tribunal Supremo para su evaluación?

Con la actual “reforma” electoral, que se impulsa desde el Senado, también se busca eliminar las papeletas en papel para el 2025, por lo que no quedará rastro en papel (“paper trail”) del voto del electorado. Nótese que las regulaciones federales, como la Help American Vote Act (HAVA) del 2002, requieren un registro permanente en papel del voto del ciudadano para realizar auditorías manuales del sistema, así como para cualquier recuento que se tenga que realizar. Todo esto en una decisión unilateral y sin tomar en cuenta la opinión de las minorías. Me pregunto, ¿cuál es la necesidad de confrontación en estos tiempos tan álgidos para el país? ¿Acaso no se han dado cuenta de que el pueblo está exigiendo procesos más justos y transparentes? ¿Dónde están las voces que llamen a la reflexión y al serio análisis de esta propuesta por el bienestar del país?

Tenemos que atesorar nuestro sistema electoral, visto por muchos países de América Latina como uno de avanzada. Siempre hay espacio para mejorar. La reciente inclusión de la tecnología para el escrutinio electrónico nos llama a evaluar cambios que hagan al sistema electoral uno más ágil y accesible. Pero dichos cambios no pueden ir en detrimento de la pureza y transparencia del sistema que garantiza que la voluntad del elector sea lo que impere finalmente. Esta debe ser nuestra próxima batalla.

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