Arturo Massol Deyá

Tribuna invitada

Por Arturo Massol Deyá
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Nuestras playas: riqueza abandonada

¿Cuál sería el valor económico de tener una Playa de Boquerón en Bolivia, Austria o en el estado de Idaho? Incalculable. Ni la isla de Singapur                   tiene un Boquerón. ¿Habrá algún desarrollador o se podrá establecer alguna Alianza Público Privada (APP) para exportar esta infraestructura? Imposible.

Tenemos riquezas naturales inmensas. Su valor excede por mucho una buena tarde de sol para desprenderse de lo cotidiano en un país opresivo. Desde el más pobre hasta el más rico he visto en escapada por Piñones buscando vivir. El amanecer en Culebra o un atardecer en las costas de Rincón son simplemente ofrendas diarias que están al alcance de todos. Entonces, ¿por qué la más reciente serie investigativa del Centro de Periodismo Investigativo junto a este periódico se titula “Isla ¿sin playas?”.

El valiente junte provocó una serie de reportajes que parecerían desconectados y hasta perderse entre los temas densos de encapuchados, el vandalismo de quitarle más de $500 millones a la Universidad de Puerto Rico o la bancarrota del territorio colonial. Pero si algo es pertinente en este farallón en que estamos es precisamente este trabajo del periodista Gerardo Alvarado. En él se reflejan los problemas de mal manejo del recurso, las amenazas y la necesidad de una visión de desarrollo sustentable diferente a la contabilidad de una Junta de Control Fiscal.

Por ejemplo, las construcciones ilegítimas avaladas con permisos lentos o rápidos han provocado curiosas contradicciones como la necesidad de abrir una ventana al mar en el litoral del Condado. Mientras un día la calidad de agua en las playas cumple con los estándares, al otro día la contaminación por escorrentías, alcantarillados o sistemas sépticos mal planificados hacen que se informe al público que esas mismas playas no están aptas para bañistas. Esto causa impactos económicos negativos mientras se desanima su aprovechamiento. Añada la contaminación lumínica y se dará cuenta de que nuestras costas son el gran tesoro abusado.

Aunque la huella de los usuarios ha mejorado, el problema de los desperdicios y ruidos desconsiderados sigue dejando mucho que desear. Un ajuste cultural sigue siendo apremiante. Según el análisis periodístico, se gastan hasta $22 millones en publicidad anual para atraer turismo al “Destino Sol” pero donde la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico apenas invierte $3.82 promedio por playa para programas especiales de mantenimiento, educación, recreación pasiva y seguridad, entre otras.

Igual a la riqueza que nos ofrecen los bosques o el agua en abundancia que escasea para gran parte del Planeta, las playas son parte de una infraestructura natural que hace de Puerto Rico un país viable, único y con grandes posibilidades.

Porque “Se hunde el manejo de playas” –según uno de los titulares– es imperioso reconocer el rol histórico de las comunidades en la protección de las playas y su desarrollo alterno. Por ejemplo, la comunidad de Maunabo con el programa de protección de tinglares, los Caborrojeños Pro Salud y Ambiente gestionando las salinas de Cabo Rojo, en Rincón su ciudadanía, otros luchando por mantener el ecotipo único costero de Playuela en Aguadilla, a los que enfrentan vandalismo empresarial contra Las Pardas en el Bosque Seco de Guánica, los que luchan por la integridad y desarrollo sostenible del Corredor Ecológico del Noreste, los proponentes y manejadores de la Reserva Marina de Isla Verde y la Coalición Playas Pa’l Pueblo que ha desarrollado la Reserva Natural Bosque Costero de Carolina. Por los últimos 12 años, este valiente esfuerzo representa un laboratorio exitoso para establecer la difícil tarea de restaurar bosques costeros. En Puerto Rico tenemos zonas donde se reportan pérdidas de hasta cinco metros de costa al año y estos bosques podrían representar barreras naturales para la defensa del litoral.

La enorme deuda pública no fue para proteger ni potenciar nuestra valiosa riqueza natural. Al contrario, el Gobierno mal-manejó tanto el recurso fiscal como desatendió el natural, y con un proceso de quiebra encima, las amenazas se acrecientan. Queda al amparo de todos la protección de nuestras playas.

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