Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Nuestro país, ¿es viable?

Gustavo Vélez

Recientemente, tuve la oportunidad de ser entrevistado por el periodista Benjamin Torres Gotay para su “podcast” en El Nuevo Día. La agenda de tópicos fue variada, desde la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hasta los retos económicos de Puerto Rico a largo plazo. Al final, en un momento intenso durante la entrevista, a preguntas de Torres Gotay sobre la aparente incapacidad de la ley Promesa para resolver la grave crisis fiscal y económica de la isla, hice un planteamiento sobre la viabilidad de Puerto Rico a largo plazo.

Expuse como una hipótesis la posibilidad de que la isla enfrente un escenario de inviabilidad económica si en efecto no se logran implementar las profundas transformaciones que demanda la actual coyuntura. Este comentario ha levantado un debate en las redes sociales que amerita ser explicado, e intento hacerlo en esta columna. De entrada, reitero que sí creo en que Puerto Rico aún es viable, pero requiere de unas decisiones fundamentales que hay que tomar a la mayor brevedad posible.

La viabilidad de una economía está asociada a su capacidad para generar unos niveles aceptables de producción, riqueza, oportunidades y calidad de vida para su población. Para lograr esto, es indispensable que existan unas condiciones específicas, como por ejemplo, un nivel aceptable de población, capital humano diestro y cualificado, un marco institucional claro y estable, un clima favorable para la creación de capital y la generación de riqueza, un gobierno funcional y transparente así como que exista una estabilidad macroeconómica y financiera.

En el plano social, la viabilidad económica a largo plazo de una nación también requiere de que exista un entendido entre los componentes de la sociedad, que permita el funcionamiento óptimo de las instituciones y los demás componentes dentro del orden social. La ausencia de uno o de varios de las condiciones anteriormente mencionadas pueden afectar la viabilidad de cualquier economía y crear una condición permanente de estancamiento, algo que han enfrentado algunos países.

En nuestro hemisferio, tenemos el caso de la vecina Haití, que por una diversidad de factores ha caído en un estancamiento económico y social permanente. El terremoto de 2010 marcó un ciclo de desgracias que le han impedido encontrar la ruta del desarrollo. También tenemos el caso extremo de Venezuela, otro ejemplo de cómo una nación que posee unas de las mayores reservas de petróleo en el mundo ha colapsado económicamente por una mala gobernanza y la implementación de políticas populistas apegadas al llamado “socialismo del siglo 21”.

Puerto Rico claramente no es Haití y muchos menos Venezuela, pues nuestra situación es única y no tiene paralelo con ninguna nación en nuestro entorno inmediato. No obstante, nuestros problemas económicossí están atados a factores estructurales y más recientemente al tema de la gobernanza. Cuando hablo de factores estructurales me refiero al desgaste de la estructura productiva sobre la cual se fundamentó el crecimiento económico de la isla desde mediados del siglo 20 hasta el 1996.

Por problemas de gobernanza, me refiero al desgaste del marco institucional y la incapacidad de los gobiernos para implementar los cambios y estrategias que requieren la actual crisis histórica que enfrenta la isla. Nunca antes en nuestra historia se había configurado una crisis con ambas dimensiones. El reto que enfrentamos actualmente es no solo construir un programa de soluciones que atiendan el problema fiscal y económico, sino cómo y quién va a implementar estas soluciones.

Es decir, el problema no es solo de construcción de ideas, sino de la gerencia gubernamental necesaria para ejecutar lo que hay que hacer en un clima de adversidad y retos jamás antes vistos. A estos retos hay que agregar el hecho de que el Congreso y el gobierno federal no tienen mucho interés en habilitar mecanismos que faciliten la rearticulación de la economía local. De hecho, el desafío a Promesa y a la Junta de Supervisión Fiscal por parte del gobierno local tiene el efecto de posponer la estabilización financiera y el regreso a los mercados de capital.

Dicho lo anterior, el gobierno, la JSF y el sector privado deben proponerse como objetivo principal poder trabajar en estrecha colaboración en una agenda le permita a Puerto Rico convertirse en una economía viable a largo plazo. En los próximos 24 meses, el propio proceso de ajuste fiscal va a forzar decisiones dolorosas para amplios sectores de la población que irán desde el ajuste de la deuda, el recorte del gasto público, reducción en las pensiones, y posiblemente medidas impositivas. Mientras se implementan estas medidas, es indispensable que el sector privado aumente la inversión y presencia en la economía, y los sectores productivos asuman un liderazgo en la construcción de una economía que no dependa ni del gobierno como actor principal ni de las ayudas federales.

Luego de más una década en depresión, el país se acerca peligrosamente a un punto neurálgico en su historia que nos va a obligar a tomar una decisión fundamental como sociedad. Tendremos que decidir si en efecto queremos tener una economía viable y funcional, o si simplemente nos conformaremos presenciando la muerte lenta de lo que una vez fue un ejemplo a seguir de otras economías en vías de desarrollo.

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