Antonio S. Negrón García

Punto de Vista

Por Antonio S. Negrón García
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¿Nueva doble vara en la aritmética penal?

Salvo un cambio en la doctrina del Tribunal Supremo federal, los proyectos legislativos que concederían nuevos juicios, aplicando retroactivamente la norma de unanimidad a casos con veredictos de culpabilidad finales y firmes, contradicen la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo: Pueblo v. Torres Rivera, res 8 de mayo de 2020; Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017); y Pueblo v. González Cardona, 153 DPR 765 (2001).

Autorizar nuevos juicios en casos penales cerrados es una afrenta a la dignidad y humanidad de muchísimos seres. La extensa lista revelada por la Asociación de Fiscales es impresionable y de una crueldad inimaginable. Los daños directos y colaterales serían inmensos. Causaría a víctimas, familiares y testigos traumas emocionales y psicológicos imposibles de describir y cuantificar en una ley.

Aparte del exorbitante costo que representaría al erario convocar miles de personas como potenciales jurados, los nuevos juicios dificultarían y muchas veces imposibilitarían al ministerio fiscal probar las acusaciones. La indisponibilidad de prueba testifical y pericial, particularmente en los casos más remotos, podría deberse a muerte, imposibilidad física o pérdida de memoria.

En la legislación propuesta y en el discurso público, algunas respetables voces han identificado una solución a este asunto invocando la norma probatoria sobre “testimonio anterior”. En efecto, la Regla 806 (B) de Evidencia prevé tal supuesto vía excepción cuando un testigo no está disponible. Permite admitir el testimonio prestado antes en un juicio, vista o deposición “del mismo u otro procedimiento”.

En un nuevo juicio, ¿cómo se “trae” el testimonio del juicio original? En Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981), se admitió el testimonio de un fiscal que observó y escuchó la declaración prestada en la vista preliminar del mismo caso. O sea, reconoció el testimonio de un observador que estuvo presente y tomó notas o pudo refrescar su memoria. Aun así, cabe preguntar si, por el tiempo transcurrido desde la observación, su estado de memoria en el nuevo juicio satisface el criterio de que “puede recordar el sentido o substancia de lo que dijo el testigo, aun cuando no pueda recordar las palabras exactas”.

Como precedente, Ríos Nogueras remite al método más confiable: transmitir el contenido literal de las palabras del testigo en el juicio anterior a partir del récord taquigráfico o la exposición narrativa de la prueba. Sin embargo, ello no recrea una de las condiciones ideales de nuestro sistema de juicio oral y acusatorio: la observación directa del comportamiento o “demeanor” del testigo.

Frente al ideal del testimonio vivo ante el juzgador, la “indisponibilidad” permite la excepción de un testimonio anterior en las formas descritas. No obstante, ello genera un grave problema en juicios ante jurados, pues nuestro ordenamiento prohíbe llevar declaraciones juradas o deposiciones al salón de deliberaciones para evitar que se conceda mayor peso a la palabra escrita que al testimonio oral de otros testigos. Como posible solución, las declaraciones juradas admitidas serían leídas al jurado. Pero, el récord escrito de un testimonio, aunque confiable en contenido, presenta el dilema de cómo el jurado lo va a conocer: ¿lectura en voz alta o permitir llevarlo al salón de deliberaciones en contravención del buen sentido y la práctica prevaleciente?

Contra una convicción de culpabilidad, el trámite clásico de los abogados criminalistas ha sido plantear en apelación que, ante el juzgador (juez o jurado), no se derrotó la presunción de inocencia del acusado ni se probó la culpabilidad más allá de duda razonable. Ambos argumentos requieren someter la prueba oral al Tribunal de Apelaciones. De confirmarse la sentencia, usualmente acuden al Tribunal Supremo reproduciendo la misma argumentación.

Esta pirámide judicial significa que de ordinario habrán intervenido trece jueces: uno de Instancia; tres del Apelativo y nueve del Supremo, todos comprometidos con honrar el ministerio de impartir justicia. Ante tan riguroso escrutinio judicial, en términos de suficiencia de prueba, ¿podría argumentarse que los veredictos culposos resueltos por mayoría (9 a 3, 10 a 2, 11 a 1) fueron adjudicaciones erróneas o inherentemente injustas?

Los proyectos de ley también buscan que un veredicto de “no culpable” pueda ser rendido con el voto mayoritario de solo nueve personas amparándose en la Sección 11 de la Constitución. Esta enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal, estableciendo diferentes fórmulas matemáticas para los veredictos (el absolutorio y el culposo), plantea interrogantes sobre su validez. Primero, el concepto “veredicto’’ discutido y plasmado en la Sección 11 incluyó ambos veredictos. Segundo, fijó indistintamente la misma fórmula mayoritaria: 9 de los 12 jurados. Tercero, la Asamblea Constituyente no visualizó, debatió ni autorizó establecer diferencias numéricas a base del resultado. La preocupación entre los constituyentes giró básicamente en torno a la norma “anglosajona” en la jurisdicción federal, que siempre exige unanimidad.

Ante este historial, ¿es ajeno a nuestro diseño constitucional fijar dos varas para lo que sustantivamente es una misma función adjudicativa del jurado: absolver o declarar culpable al acusado? De convertirse en ley la fórmula absolutoria 9 de 12, Puerto Rico se apartaría tanto de la norma federal como de las estatales de la unión norteamericana que requieren unanimidad para cualquiera de los dos veredictos. Aunque el Supremo federal no lo dispusiera, ¿puede (o debe) la legislatura enmendar indirectamente la Sección 11 para los veredictos absolutorios sin previa consulta a los electores?

Semejante curso de acción es peligroso. Ante la dinámica interna, muchas veces misteriosa y secreta del proceso deliberativo del jurado, es razonable anticipar lo difícil y angustioso que sería implantar justicieramente dos veredictos matemáticamente distintos, en particular por aquellos miembros del cuerpo cuya inclinación natural sea seguir “la línea de menor resistencia o de autoprotección”.

La llamada “factura más ancha”, invocada para justificar diferentes veredictos en beneficio único de los acusados, se perfila como la más “costosa” que pagará el pueblo puertorriqueño en la interminable persecución del crimen y el difícil procesamiento de casos por delitos graves.

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