Esther Vicente

Punto de vista

Por Esther Vicente
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Nuevo Código Civil: un desastre adicional para Puerto Rico

La Asamblea Legislativa ha creado un desastre adicional para el pueblo de Puerto Rico. Los desastres pueden ser provocados por la naturaleza o por los seres humanos. Mas siempre tienen efectos diferenciados y agravados sobre los grupos poblacionales que confrontan situaciones de vulnerabilidad por el discrimen basado en el género, la situación socioeconómica, las ideas políticas y otras razones. La vulnerabilidad se contrarresta con el respeto a los derechos humanos

No es el deber de la legislatura, del ejecutivo ni de la judicatura favorecer a quienes tienen acceso al poder político. Es su deber proteger y garantizar los derechos humanos, especialmente los de los grupos discriminados y de las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. El proyecto de Código Civil producido tras décadas de trabajo y consulta por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico representa un desastre adicional para esos sectores.

Las mujeres estamos en todos esos grupos, pero además confrontamos discrimen y prejuicios por el hecho de serlo. Y el Código que llegará a manos de la gobernadora de aprobarse tendrá un impacto desastroso sobre nuestros derechos. De aprobarse el proyecto de Código, se verán gravemente vulnerados el derecho a la dignidad, a tomar decisiones sobre nuestra capacidad reproductiva, a tener acceso a servicios de salud respetuosos de nuestras decisiones, a la integridad física y emocional, entre otros.

Varias disposiciones propuestas generan una tremenda confusión sobre quién tomará decisiones en torno al cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes durante el embarazo. En primer lugar, no se resolvió el mejunje, que se ha señalado en varios escritos anteriores, creado por el uso de diversos conceptos para referirse al feto. Así en el artículo 69 se le llama el concebido y ser humano en gestación; en el 70, ser humano y nasciturus; en el artículo 75, ser humano en gestación.

El artículo 69 indica que el nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica pero que el concebido se considera nacido para todos los efectos que le son favorables siempre que, conforme al artículo 70, tenga vida independiente de la madre demostrada por el reconocimiento médico. ¿Qué quiere decir vida independiente de la madre?

Actualmente el artículo equivalente dispone que “es nacido el ser humano que viva completamente desprendido del seno materno”. Para mayor confusión el propuesto artículo 567 que se refiere a la reproducción asistida utiliza el concepto hijo que se desprende del vientre de la mujer gestante. ¿Por qué la diferencia y la diversidad de conceptos?

Quizás la contestación está en el propuesto artículo 69, que establecería que la autoridad para representar legalmente al “ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad, a un representante legal o defensor judicial”.

Entonces, ¿el cuerpo de las mujeres y el de las personas gestantes queda a expensas de quienes se consideren con autoridad para representar al feto? ¿Podrían esos terceros obligarles a completar un embarazo en aras de proteger los derechos que esos representantes del concebido entiendan le corresponden a este?

¿Qué guías seguirá el tribunal que se confronte con una de estas controversias y qué fuerza le conferirá al segundo párrafo del artículo 70 que aparentemente pretende proteger los derechos constitucionales de la “mujer gestante”? ¿Cuenta con esos derechos constitucionales entonces la “persona gestante”? ¿Están realmente protegidos los derechos de ambas?

Esta y otras múltiples confusiones y problemas técnicos en el texto del proyecto de Código Civil ameritan un veto de parte de la gobernadora, quien ocupó el puesto de Procuradora de las Mujeres y como tal debe estar consciente de la importancia de garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas.

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