Pedro Cabán Vales

Punto de vista

Por Pedro Cabán Vales
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Nuevo Código: un proceso no civil

Imagine que en medio de la situación pandémica imperante se aprobara una nueva Constitución para Puerto Rico: sus redactores y la ciudadanía alejados el uno del otro sin discutir el asunto cara a cara por miedo a quedar contagiados y sin que haya un récord claro de todos los cambios, el por qué de ellos y tiempo para discutirlos todos públicamente. Inoportuno, apresurado y a destiempo, ¿no es cierto?

Un Código Civil es tan importante como una Constitución. Regula al ser humano desde la cuna hasta la tumba: establece reglas para interpretar las leyes, determina cómo, cuándo, y por qué se pueden adquirir propiedades, cómo deben hacerse los contratos y los testamentos, las formas de casarse y de divorciarse, qué progenitor tendrá la custodia de los hijos, bajo qué condiciones pueden renegociarse o suspenderse pagos ante una situación de crisis o si una calle es pública o de propiedad privada. Un cuerpo legal de esa importancia no debe ser aprobado sin que haya habido tiempo y apertura para una discusión pública e informada.

Una parte considerable de los cambios propuestos han estado disponibles para discusión desde hace varios años, es cierto. Sin embargo, también es verdad que las administraciones gubernamentales a partir de 2009 han atendido el asunto de forma intermitente y sin documentar los cambios que se han realizado, el por qué de estos y de dónde proviene el lenguaje que se ha propuesto finalmente. Esto, que contrasta con el proceso de revisión documentado que se llevó a cabo entre 1997 y 2008, dificultará enormemente la labor de aprendizaje, interpretación y aplicación de las leyes nuevas tanto por los tribunales, como por los abogados en ejercicio, los estudiantes de Derecho y el profesorado de esas materias. Esto impactará negativamente a la ciudadanía.

Tal vez más grave todavía es que se supone que el nuevo Código Civil entre en vigor solo seis meses después de que se apruebe la legislación. Ese tiempo resulta escaso si se toma en consideración que: los cambios afectan al menos seis ramas del Derecho; todos los miembros de la profesión tendrán que aprenderlos en medio de la pandemia con las dificultades económicas y de acceso a información que acarrea; el Código entraría en vigor a finales de noviembre de 2020, requiriendo cambios profundos en los planes de estudio a mitad del año académico; y a quienes se apresten a tomar los exámenes de admisión a la abogacía, que ya han sufrido el impacto por la pandemia por la suspensión del examen de marzo de 2020, les cambiarán casi la mitad de las materias sobre las que tendrán que examinarse de una reválida a otra.

Para poner en perspectiva la brevedad del plazo, tómese en cuenta que cuando se aprobó en junio de 2004 un Código Penal que introducía cambios profundos en nuestro sistema, pero a una sola materia de Derecho, su vigencia se pospuso hasta un año después, en mayo de2005. Países que han revisado recientemente su Código Civil han pospuesto su vigencia al menos diez meses después de su aprobación.

En suma, cuando culmine este proceso de revisión, Puerto Rico tendrá un Código Civil netamente puertorriqueño por primera vez en su historia. El vigente, que es de 1889 y no de 1930 como suele decirse, fue aprobado en España. Ni el pueblo ni quienes le gobiernan merecen que el nuevo cuerpo legal nazca con el lastre de haber sido aprobado en cuarentena y tras un proceso que se ha tornado atropellado y escasamente participativo.

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