Wanda Valentín Custodio

Punto de vista

Por Wanda Valentín Custodio
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Obedecer no siempre es recomendable

La obediencia jerárquica es una defensa legal en el ámbito del Derecho Penal que puede levantar una persona que haya sido acusada de delito para impedir una convicción. Esta defensa consiste, en general, en probar que la conducta ilegal se cometió siguiendo la orden de un superior. Se trata de una defensa muy antigua, cuyos elementos se han ido perfilando a través de los procesos criminales que se han celebrado históricamente. Muchos de los juicios, donde se ha discutido la figura de la obediencia jerárquica, se han llevado a cabo luego de concluidos algunos conflictos militares, para fijar responsabilidades por las muertes ilegales ocurridas durante esos conflictos. 

Antiguamente, bastaba con probar que el superior había dado la orden para que el acusado quedara relevado de toda responsabilidad penal. Luego de los horrores vividos por la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, se promulga el Estatuto de Londres, donde se crea un marco legal para celebrar los famosos juicios de Nuremberg, donde se procesó a algunos de los perpetradores del Holocausto. Los autores del Estatuto de Londres, previendo que la obediencia jerárquica sería la defensa más utilizada por los acusados en el contexto de la cadena de mando dentro de la milicia, establecieron en el mismo que esta no podría utilizarse como defensa. Solo estaría disponible a los efectos de atenuar la pena en aquellos casos en que hacer justicia así lo requiriese. Tengamos presente que la obediencia jerárquica no está disponible cuando la conducta que se le imputa al acusado es evidentemente ilegal. La figura se ha ido desarrollando hasta llegar a nuestros días y a nuestro ordenamiento jurídico.

En Puerto Rico, hemos adoptado la defensa de la obediencia jerárquica, y sus elementos están descritos en el artículo 28 de nuestro Código Penal. Lee así: “No incurre en responsabilidad penal quien obra en virtud de obediencia jerárquica en la función pública, siempre que la orden se halle dentro de la autoridad del superior, respecto de su subordinado, no revista apariencia de ilicitud y el subordinado esté obligado a cumplirla. Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa”. 

Fíjese que solo está disponible para empleados públicos, y que la orden la tiene que dar quien puede, o sea dentro de la autoridad del supervisor, respecto a su subordinado. La orden que menciona el artículo no puede parecer ilícita. Quedará exento de responsabilidad quien pueda probar todos los elementos que se mencionan en este párrafo. En caso de que el acusado no pueda probar alguno de esos elementos, no prosperará la defensa a su favor.  En caso de que se pruebe la defensa, responderá quien haya dado la orden.

En muchas ocasiones, desde hace alrededor de un año, han llegado al conocimiento del pueblo alegaciones de diferentes personas vinculadas a la gestión pública sobre intervenciones inapropiadas en el quehacer gubernamental. Alegan que personas allegadas a La Fortaleza, pero que no son empleados por ninguna de nuestras agencias, intervienen para dar órdenes e instrucciones a secretarios y empleados. Esas alegaciones son escandalosas en sí mismas, pero más escandaloso resulta que nuestros empleados les obedezcan. Las alegaciones se hacen cada día más frecuentes. 

Reconozco el alto valor que constituye el empleo que permite llevar el sustento a la familia y que, seguramente, el secretario o empleado se encuentra en una situación muy difícil, donde arriesga mucho; algunas veces hay que tomar decisiones muy difíciles. Tenga en cuenta que la impunidad, que se ha hecho parte de nuestra realidad, y que contribuye significativamente a que incrementen las conductas ilegales, pudiera no estar disponible en su caso.

Después de todo, siempre es mejor estar desempleado, que privado de la libertad.

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