Ingrid Vila Biaggi

Tribuna invitada

Por Ingrid Vila Biaggi
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Obligación moral

Lo que me hubiese gustado escuchar en la pasada vista congresional del 1 de diciembre sería algo como: “Estimados Congresistas: hoy nos convocan para discutir los retos fiscales de Puerto Rico. Su invitación coincide con el vencimiento de un plazo del repago de deuda, cuando se nos recuerda la obligación moral del gobierno con sus bonistas. Sin embargo, aquello que debe ser eje de discusión es la obligación moral del Congreso con el pueblo de Puerto Rico y la compensación necesaria que resarcie los atropellos y daños infligidos a nuestro pueblo en el último siglo.

Por 117 años los puertorriqueños hemos soportado decisiones unilaterales gestadas aquí, sin que se nos tome en consideración, y cuyo único propósito ha sido beneficiar a los grandes intereses norteamericanos. Eso fue el Tratado de París, en el que no tuvimos representación, y las leyes Foraker y Jones, en cuya redacción no participamos.

No nos consultaron cuando talaron nuestros bosques para la expansión capitalista del monocultivo azucarero, aniquilando nuestra subsistencia alimentaria; ni al tratar de imponer el inglés, en un esfuerzo fútil de asimilación.

El Congreso no auscultó nuestro parecer cuando aprobó, en 1921, la sección 262 de la Ley de Ingresos, eximiendo de impuestos federales a empresas estadounidenses. Tampoco lo hizo con su sustituto, la sección 936 de 1976. Acerca del desfile de gobernadores, en su mayoría ineptos y corruptos, que nos enviaron por casi 50 años no se nos inquirió nada. Cuando usaron el agente naranja en nuestros bosques, probaron armas en Vieques o esterilizaron forzosamente a las mujeres ni siquiera notificaron.

En 1952 trataron de maquillar la colonia, ya insostenible, permitiendo una Constitución supeditada a los poderes absolutos y soberanos del Congreso, y dejándonos con un representante con voz pero sin voto.

En 1984 nos excluyeron de la ley de quiebra federal. En 1994 firmaron el acuerdo de libre comercio NAFTA y en 1996 eliminaron la sección 936, acciones que provocaron la pérdida de casi 100,000 empleos. Nos limitan, de paso, el acceso a fondos Medicare, a fondos de seguro social y a créditos por ingreso. Y cuando asignan fondos federales, muchos no se adecúan a las necesidades de nuestra sociedad. Los $7,000 millones en fondos ARRA se perdieron en nuestra maltrecha economía y pudieron haberse destinado, entre otras cosas, a aliviar la deuda.

Por ende, si el Congreso quiere resolver el problema de estancamiento económico de Puerto Rico tiene que atender el problema de raíz. El capítulo 9 sería tan solo un parcho. La Junta de Control fiscal, un insulto que nos retraería a la Ley Foraker y su Consejo Ejecutivo.

Si estas vistas no son un simple espectáculo para atraer votos hispanos, corresponde delinear acciones concretas. Eliminen la ley de cabotaje; permítannos una figura internacional. Obliguen al Tesoro federal a ofrecer una garantía para llevar a cabo una sustitución y restructuración de bonos que facilite crecimiento e inversión y mejore las probabilidades de repago de bonos a sus constituyentes mediante una estructura asequible para el País. Permítannos legislar para eliminar el financiamiento privado de campañas electorales que corrompen nuestro sistema y obstaculiza el que gente capaz y recta entre al ruedo político. Garanticen la interpretación de la recobrabilidad del impuesto del 4% a las corporaciones foráneas y permítannos elevarlo a 6%.

Legislen para que los fondos federales se amolden a las necesidades de nuestro País. Aseguren paridad en los fondos de Medicare, eliminen el precipicio del “Affordable Care Act” que se avecina. Es imposible crear un precedente con estas propuestas: somos la única colonia de ciudadanos estadounidenses.

Y si el Congreso tiene interés de crear una Junta federal, que sea para viabilizar un proceso serio y vinculante de autodefinición del pueblo de Puerto Rico. Nuestra relación ambivalente, creada por el Congreso, nos ha traído aquí. No perdamos más tiempo. El pueblo de Puerto Rico les exige respeto y responsabilidad". 

Al Congreso hay que ir con firmeza y dignidad. Al arrodillado nunca le harán caso.

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