Eneida Torres

Tribuna Invitada

Por Eneida Torres
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Obstáculo para el desarrollo

Para atender los desafíos que enfrenta Puerto Rico es necesario gestar una cultura de buen gobierno anclada en la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha por la anticorrupción. Los organismos internacionales señalan que la buena gobernanza es el barómetro indispensable para calibrar el desarrollo sostenible de los países. Además, puntualizan que la transparencia es el antídoto de esa corrupción que entorpece el buen gobierno. Por ello, para posibilitar el desarrollo sostenible la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incorpora la gobernanza como un nuevo objetivo post-2015.

En las últimas décadas se ha podido demostrar la relación negativa y el costo de la corrupción sobre el crecimiento económico y la competitividad; las variables sociales; los derechos humanos; la pobreza; los asuntos financieros; y la inversión. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad, para el beneficio privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude y otras modalidades de conductas que atentan contra el bien común.

La corrupción, sus formas y modalidades no son privativas del gobierno; también hay corrupción corporativa y de individuos particulares. Es una patología social nociva para la democracia que impide la generación del capital social que agrega valor y limita el crecimiento económico al elevar los costos de servicios que presta el gobierno. Esto desalienta la inversión ya que no hay certidumbre de los costos reales de los proyectos ni del tiempo para lograrlos. Ello provoca que la economía sea poco competitiva, altamente costosa y lenta para tomar decisiones.

Los problemas de gobernabilidad y corrupción experimentados en las décadas pasadas con los escándalos de Enron, Arthur Andersen y Wall Street pusieron de evidencia la fragilidad de los mercados y las economías a través del mundo. Dichos escándalos y sus repercusiones afianzaron la necesidad de trabajar en iniciativas concretas para combatir la corrupción y su consecuente impacto adverso para el desarrollo de las economías y la generación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

En lo que respecta a Puerto Rico, desde los años 90 hemos experimentando un deterioro en la gestión pública y un aumento en la corrupción que ha sido propiciado esencialmente por el partidismo y el clientelismo político y ha culminado en la convicción de funcionarios de alto nivel ejecutivo, legislativo y empresarial. Los escándalos de fraude en el manejo de los asuntos de educación, salud, transportación y acueductos, entre otros, ahondaron el deterioro de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Concurrentemente, el manejo deficiente y la falta de transparencia por más de cuatro décadas en la formulación presupuestal, la contratación ylos procesos de compra continúan debilitando la buena gobernanza de los asuntos públicos del País.

En suma, la buena gobernanza y la lucha anticorrupción propician la gestión prudente del gasto público; la coherencia en las políticas tributarias; las reformas de la administración pública para fortalecer su capacidad de gestión; la transparencia y la rendición de cuentas ancladas en los principios de gobierno abierto y el aumento en la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios públicos. Llevar estos principios a la práctica promueve equidad, pluralismo e involucramiento, garantiza los derechos humanos y moviliza el desarrollo.

Para responder a la demanda de buen gobierno planteada por los ciudadanos es necesario adoptar estrategias para combatir la corrupción fundamentadas en la no tolerancia de estas actitudes y el repudio firme de cualquier acción de este tipo. Para lograrlo se necesita voluntad y compromiso, lo que implica que todos los actores sociales deben actuar congruentemente con este rechazo a la corrupción y mostrar respeto a las leyes existentes. Estoy convencida de que nuestros actores públicos se comprometerán con erradicar esta enfermedad crónica que atenta contra nuestro desarrollo.

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