Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
💬 0

Omisiones que entorpecen rescatar a Puerto Rico

La petición del Gobierno para que Puerto Rico se acoja al Título 3 de PROMESA, sin duda, nos encamina en el hasta ahora desconocido camino de la quiebra. Aunque el gobernador predicó en su campaña y tan reciente como en el mes de marzo, que jamás llevaría al País por ese camino, la cruda realidad es que el cuadro fiscal no nos dejaba otra opción para atender de manera ordenada la lluvia de demandas de cobro que ya comenzó a llegar a los tribunales. Consumado lo inevitable, ahora el reto grande del Gobierno es defender cada centavo frente a los bonistas y ante la juez de quiebra para garantizar los servicios más básicos y encaminar a Puerto Rico en la ruta de la certidumbre económica para crear empleos y poder cumplir con todas sus obligaciones.

Sin embargo, dos de los elementos más importantes para nuestra recuperación son la UPR y los servicios esenciales provistos por los municipios. Es así pues uno, la Universidad, es el proyecto social y de desarrollo económico más importante del País. El otro, los municipios, proveen todos los días los servicios críticos que la gente necesita y que el gobierno central no puede ofrecer.

Es por esto que el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tienen que asegurar que ambas formen parte del inventario de entidades públicas que brindan servicios esenciales de manera que se le otorgue prioridad a la hora de asignar los pocos recursos existentes. De esta manera se abre la posibilidad de reducir el monto de los recortes que se han recomendado en el Plan Fiscal, lo que viabilizaría el funcionamiento de nuestro principal centro de educación y la continuidad de servicios directos que ofrecen los municipios como: recogido de basura, servicios de cuidado de salud y transportación a la población de la tercera edad, mantenimiento de carreteras municipales y vigilancia preventiva a las comunidades, entre otros.

No se trata de rechazar cualquier tipo de ajuste, sino de no impactar de manera desproporcionada, como ha propuesto hacer el gobierno, a los municipios y a la UPR. En el caso de los municipios, el plan fiscal significa un impacto devastador al eliminar $350 millones en subsidios, obligarlos a pagar otros cientos de millones anuales en energía eléctrica y, para colmo, imponerle la obligación completa del pago de los préstamos en el BGF que ascienden a $200 millones cada año. En resumen, los 78 municipios cargarán sobre sus hombros con una cuota promedio de sobre $1,000 millones cada año y eso es absolutamente desproporcional y abusivo.

Sobre la UPR, al presente la Universidad recibe $838 millones del fondo general por lo que la propuesta de recortar $519 millones en tres años, representaría un recorte de 62% de los recursos que provienen del fondo general. Ese recorte, condenaría a la UPR a una crisis sin precedentes y cerraría las puertas a miles de jóvenes para obtener una carrera universitaria. Esas repercusiones se sentirán por décadas.

En fin, de un análisis del presupuesto actual surge que 36 entidades públicas que ofrecen servicios esenciales, incluyendo los municipios y la UPR, recibirían $21,300 millones o el 81.7% del presupuesto consolidado. Si a esas cifras se la ordena un recorte de 15%, el Gobierno, en ese grupo solamente, tendría ahorros por $3.2 billones. Además, existen otras 87 entidades que no ofrecen servicios esenciales y que reciben otros $4.1 billones. De aplicarse la misma vara, dejarían otros $800 millones que serían recursos suficientes para pagar los intereses y amortizar al principal de la deuda pública. La situación requiere que todos hagamos ajustes; pero sin duda protegiendo las áreas de servicios más importantes para nuestra gente y aquellas que nos ayudarán a levantarnos lo antes posible. Ya no hay espacio para el espectáculo y la ambivalencia. El País necesita ahora, un gobierno combativo, empático y listo para defender a Puerto Rico.

Otras columnas de Jesús Manuel Ortiz

💬Ver 0 comentarios