Luis A. Pérez Vargas

Tribuna Invitada

Por Luis A. Pérez Vargas
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ONU, corrupción y Puerto Rico

En el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción el próximo 9 de diciembre, reflexionamos sobre el instrumento que representa la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como un frente de la comunidad internacional para prevenir, impedir y luchar contra este mal social.

Por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó en Asamblea General esta Convención el 31 de octubre de 2003. En ese momento, su prefacio lucía esperanzador, cuando el entonces secretario general del organismo, Kofi A. Annan, expresó: “La Convención introduce un conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. En ella, se pide que se adopten medidas preventivas y que se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público como en el privado”.

En síntesis, su finalidad es promover y fortalecer medidas para combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. De otra parte, la Convención busca promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. A 14 años de su adopción la pregunta de muchos es; ¿qué ha resuelto o en que ha contribuido esta Convención, si aún las acciones de algunos gobiernos y entidades privadas van contrario a lo promulgado?

A modo de ejemplo, presentamos algunas medidas preventivas que se recomiendan en esta Convención y que están o han sido adoptadas en nuestra jurisdicción. Esto sin Puerto Rico ser un estado miembro del organismo. Entre ellas resaltamos el principio de mérito, los criterios definidos para las candidaturas y elección a cargos públicos, la financiación pública de los partidos políticos, la presentación abierta de las finanzas de los funcionarios públicos, y la difusión pública de subastas, contratos, presupuestos y el registro de corporaciones. Otros mecanismos serían la protección a personas denunciantes de actos de corrupción, la imposición de medidas disciplinarias, normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial y restricciones para las acciones de ex servidores.

Además de las medidas preventivas, la Convención recomienda acciones de penalización y aplicación de Ley, dirigidas a combatir la corrupción. Puerto Rico cuenta con varias de ellas entre las que se destacan: las que imponen sanciones a sus transgresores, descalificarlos para ocupar cargos públicos, la no prescripción de delitos contra la función pública, las penas de restitución y la indemnización a víctimas de delito. Igualmente contamos con leyes que permiten acuerdos de colaboración e inmunidad a los que delinquen pero cooperan en investigaciones, acuerdos de extradición, el embargo de bienes para recuperar fondos del estado, políticas y programas para atacar la evasión contributiva y entidadesfiscalizadoras independientes.

Como mecanismo de prevención, la Convención exhorta a incorporar programas educativos con la intención de desalentar acciones corruptas. Entre ellas está realizar actividades de orientación y educación pública para fomentar la intransigencia hacia la corrupción. Cada una de estas medidas están presenten en nuestras iniciativas como país.

No pretendemos compartirle un discurso romántico, sino recalcar la importancia de internalizar el tema. De lo contrario, estaríamos validando la cita del escritor alemán Charles Bukowski al expresar: “Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la corrupción es cuando directamente se ve afectada por ella”.

Entonces, ¿cuál es la aportación de la Convención? Claramente inculcar lo dañina de esta conducta y promover que los Estados miembros y no miembros de la ONU adopten sus medidas. Puerto Rico cuenta con legislación de avanzada para atacar ese tipo de actividades y otras que fomentan programas educativos que ilustran el camino correcto para desarmar iniciativas corruptas. La dificultad no radica en la falta de normas, nace más bien de la incapacidad de los actores para comprenderlas.

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