Ibrahim Pérez

Tribuna Invitada

Por Ibrahim Pérez
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Opciones ante el abismo de salud

El programa federal Medicaid fue aprobado en 1965 y extendido a Puerto Rico en 1967. Recibimos inicialmente $20 millones anuales, los cuales han incrementado lentamente hasta $367 millones en 2019. Siempre supimos que esos fondos serían insuficientes para financiar el valor real del sistema de salud creado para servir a nuestros pobres.

Cuando nuestro Departamento de Salud enfrentaba un déficit de $400 millones en 1993, el gobierno creyó que el plan de salud Clinton presentado ante el Congreso y que nos prometía una asignación de $430 millones anuales, sería la solución. El Plan Clinton (plan de cuidado coordinado administrado y operado por aseguradoras y proveedores privados que substituyó al sistema público Arbona) nunca fue aprobado en el Congreso y el dinero prometido jamás se materializó. Para implantarlo localmente, nuestro gobierno tuvo que asumir del fondo general su gasto total de casi $900 millones anuales. Aquel traspié estratégico representó el comienzo del endeudamiento progresivo que culminó en nuestra quiebra gubernamental.

Los gastos de la Reforma de Salud de 1994 continuaron en aumento hasta alcanzar $1,800 millones en 2012, $2,500 millones en 2015 y casi $3,000 millones en 2019, a pesar de tener entonces 400 mil beneficiarios menos que en 2014. Fuimos afortunados de que durante ese proceso naciera Obamacare en 2010 y nos hiciera una asignación especial adicional de $6,400 millones para financiar la Reforma entre 2011 y 2019, además de sobre $4,800 millones del fondo especial post-huracán María.

Aunque la Cámara de Representantes federal ya ha aprobado para Puerto Rico un financiamiento completo de $12,000 millones para el periodo de cuatro años 2020-2023, el Senado federal ha puesto serios reparos y no lo ha avalado. En vista congresional efectuada el verano pasado, funcionarios del gobierno de Puerto Rico indicaron (según reportaje de Judith Solomon en “Center on Budget and Policy Priorities”, 19 de junio de 2019), que sin el financiamiento federal se verían obligados a excluir de nuestro plan gubernamental a 125,000 beneficiarios estatales (beneficiarios con ingresos mensuales entre $550 y $800), además de cortar servicios dentales y de medicamentos y limitar algunos servicios mandatorios exigidos por Medicaid para sus 940 mil beneficiarios con ingresos menores a $550 mensuales.

Ante la grave crisis fiscal de nuestro gobierno y lo incierta que luce una aportación federal permanente para financiar enteramente nuestro plan de salud gubernamental (PSG), tenemos que ser más creativos y producir soluciones nuestras que se ajusten a nuestros limitados recursos económicos, pero que nos permitan asegurar acceso a servicios de salud de calidad al mayor número de puertorriqueños en necesidad. Eso es alcanzable dándole mucho más énfasis al cuidado primario-preventivo, manteniendo a la gente saludable para que se enfermen menos y gasten menos.

En Puerto Rico opera exitosamente una red de centroscomunitarios de salud sin fines de lucro. Si los mismos se utilizaran al máximo, podrían reforzar dramáticamente la calidad del Plan Vital. Dichos centros 330 ofrecen cuidado primario-preventivo completo y de probada calidad en 67 de nuestros 78 municipios, todo bajo un mismo techo y a un costo promedio muy asequible ($780 por beneficiario por año).

Para preservar y fortalecer la costo-efectividad de nuestro magnífico cuidado especializado, deberíamos activar los Centros Médicos Académicos legislados desde 2006. Deberíamos además actualizar el inventario y reevaluar la rentabilidad de la significativa infraestructura de servicios de salud que todavía posee el gobierno en varias agencias, y reestructurarlos y reenfocarlos para que mantengan su excelencia dentro de un marco operacional económicamente sostenible.

Hacer más y mejor, con menos gasto, sin que necesariamente tengamos que eliminar beneficiarios, ni beneficios, es una meta factible.

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