Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Oportunidad a los bonistas de demostrar buena fe

A nadie debe sorprenderle que la Junta de Supervisión Fiscal insista en una dosis fuerte de austeridad en el plan de ajuste fiscal de cinco años que le viene exigiendo al gobierno desde septiembre del año pasado.

Pero, aún así, llama la atención el hecho de que en la carta que le envió al gobernador Ricardo Rosselló el miércoles pasado, la Junta le da instrucciones al primer ejecutivo para redactar un plan que efectúe un ajuste fiscal drástico y rápido, y sin recurrir a ningún tipo de financiamiento temporero.

En la carta se pide un ajuste de $4.5 mil millones en poco más de dos años, culminando en el año fiscal 2019.

En efecto, se le dan poco más de 24 meses al gobierno para cerrar el déficit fiscal estructural, y en el proceso no se le permite buscar alivio con financiamiento interino. En contraste con esto, los países que diseñan e implantan programas de ajuste macroeconómico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden tener planes de tres años y el propio FMI los ayuda a gestionar créditos para facilitar el saneamiento de las finanzas públicas.

La corrección fiscal que exige la Junta equivale aproximadamente a 6% del Producto Bruto de Puerto Rico. Si se utiliza un multiplicador fiscal como los que típicamente aplica el FMI en estos casos —digamos, de 1.5— entonces un ejercicio de austeridad de 6% del Producto Bruto conlleva una caída de alrededor de 9% en la producción agregada de la Isla (6 x 1.5). Esta contracción, ajustada por la inflación y repartida en 24 meses, significa que nuestra economía, tan vapuleada por más de 10 años de depresión, caerá por lo menos 3% al año durante los próximos dos años. Y esto es añadido a la tendencia de contracción que ya viene corriendo, que es del orden de 2% anual.

La Junta insiste, y con razón, que sin un ajuste fiscal radical no tendremos credibilidad para lograr un buen acuerdo de renegociación de la deuda pública. A la misma vez, insiste en abordar la renegociación en el marco del Título VI de Promesa, que supone una serie de acuerdos consensuados con grupos mayoritarios de bonistas. Pero una contracción económica excesiva, en un período de tiempo muy apretado, puede contribuir precisamente a minar la confianza de los acreedores.

En vez de apretar todos los tornillos a la vez, la Junta puede facilitar el acceso del gobierno a un financiamiento-puente, y así no sólo le permitiría a la administración (y al País entero) un poco más de respiro en la parte más dura del ajuste, sino que también les daría a los bonistas la oportunidad de demostrar su buena fe.

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