José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Otras deudas nos aleccionan

La semana pasada ocurrieron varios eventos: la conferencia del juez Gerald Rosen que arbitró la quiebra de Detroit, el desmantelamiento de la comisión que audita la deuda, la conferencia del profesor argentino Martín Guzmán —de la Universidad de Columbia— que lidera las investigaciones internacionales sobre los principios de reestructuración de deuda, y la reunión de la Junta de Control Fiscal. Comparto mis notas atándolas al contexto puertorriqueño.

Detroit comparte muchas similitudes con Puerto Rico: era un enclave manufacturero importante convertido en una ciudad despoblada y con recaudos gubernamentales menguantes gracias a la desindustrialización. El juez Rosen estableció que las negociaciones consensuadas sin radicar quiebra fueron inefectivas dada la multiplicidad de intereses. Luego de radicar quiebra, Detroit tuvo un proceso ordenado mientras las negociaciones fluían tras bastidores. Esto contrasta con la reticencia de algunos a que se active el mecanismo de quiebra contenido en PROMESA para Puerto Rico, como si ya no se hubiese tratado de negociar infructuosamente a un costo alto. Contrario a la idea de que nadie volverá a prestarle a Puerto Rico si declara quiebra, Rosen narró cómo en solo siete meses después de radicar quiebra el mercado había subido la clasificación de los bonos de Detroit a “inversión”.

Rosen contó cómo en Detroit fue clave el escuchar a todas las partes afectadas, el buscar soluciones innovadoras que protegieran las poblaciones vulnerables —como los maestros retirados— y el contar con el apoyo de las fundaciones y del estado de Michigan. Puerto Rico sería el equivalente a un estado por lo que no tiene otro gobierno al que recurrir que no sea el gobierno federal, el cual tiene una gran responsabilidad con esta crisis.

El Congreso sacó arbitrariamente a Puerto Rico de la Ley de Quiebra federal en 1984, haciendo que la deuda escalara, entre otras acciones arbitrarias, en más de 118 años de coloniaje. Una intervención que no le cuesta nada al gobierno federal es endosar una nueva emisión de bonos de Puerto Rico para poder refinanciar la deuda a una tasa de interés menor (“Brady Bonds”), tal como hizo con Túnez en 2016.

Otra lección de Rosen es que a los bonistas con deuda ilegítima se le aplicó un recorte del 70% y, para compensar, se les regalaron unas propiedades baldías del gobierno. Esto contrasta con la decisión unilateral del gobierno que desmanteló una de sus mejores armas para reestructurar la deuda: la comisión que auditaba la deuda. Además, con esa decisión nos quedamos sin conocer la corrupción que hubo en el endeudamiento.

El profesor Guzmán, por su parte, nos mostró que en Grecia la austeridad (que no debe confundirse con eficiencia) profundizó su crisis económica; una lección muy importante para Puerto Rico. Guzmán también está de acuerdo que, sin un mecanismo de quiebra, es muy difícil resolver una crisis de deuda y se cae en el concepto de “muy poco, muy tarde”. “Muy poco” en el sentido de que se recorta muy poco la deuda, provocando una segunda ronda de reestructuración que lleva a “muy tarde”: profundización de la crisis por no atenderla a tiempo.

Argentina pudo salir adelante con una moratoria prolongada, utilizando los pagos que se usaban para pagar la deuda en estímulo económico. Si Puerto Rico saca las aseguradoras de Mi Salud, elimina subsidios inservibles a las empresas y municipios e impone impuestos a las megatiendas que evaden con el “transfer pricing”, a los bienes y servicios de lujos y a las compras de internet, puede generar un sobrante primario.

Guzmán enfatizó en la importancia de concentrarse en lograr una deuda sustentable, tal como reconoció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus siete principios para reestructurar deudas. De hecho, la Junta de Control Fiscal no cumple actualmente con muchos de esos principios como la transparencia (fueron recientemente demandados por no entregar información a la prensa), legitimidad (no hubo un mecanismo de consulta) y muchos de sus miembros tienen muchos conflictos de interés al haber participado directa o indirectamente del endeudamiento nuestro.

La Junta se parece, entonces, al típico gobierno de Puerto Rico con la diferencia que no fue electa: no consulta al pueblo sus decisiones (solo se ha reunido con bonistas y empresarios), no es transparente y derrocha en hoteles y contratos a firmas carísimas mientras exige sacrificios al pueblo.

La Junta extendió por tres meses la moratoria a los litigios por cobro en los tribunales y extendió por un mes el plazo para el plan fiscal a cambio de que se cumpla con su deseo de atosigar la austeridad, aún reconociendo en su carta que eso llevará a un decrecimiento económico abrupto de un -16% en 2018 (solo alcanzado recientemente por países en guerra civil como Yemen y Armenia). Mientras, Guzmán recomienda mejor una extensión de la moratoria por varios años para que el ajuste fiscal sea paulatino y su efecto económico pueda ser contrarrestado con políticas de desarrollo económico.

Ojalá la Junta y el gobierno le presten más atención a Rosen y a Guzmán y menos a las firmas asesoras, algunas de las cuales contribuyeron a nuestra crisis actual.

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