Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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Otra vez el caso Lorenzo

Cuando se anunció que habría una vista preliminar en alzada en el caso por el asesinato del niño Lorenzo, me volví hacia mi mujer y le dije: “Verás como se suspende”. Debí haber apostado, pues la experiencia me tenía garantizado el resultado. Es la queja constante de la gente: ir a los tribunales como víctima o testigo “es morirse”. Y la gente tiene razón.

Las suspensiones son siempre la orden del día, y, si no se suspende, muchas veces las tardanzas u otras circunstancias hacen que se pierda la mañana, cuando no el día en los salones de sesiones.

Como para los jueces, fiscales y abogados ése es nuestro hábitat natural ni siquiera nos damos cuenta de la mala fama que esto nos crea y del daño que causamos.

El pasado martes 10 quedó en evidencia lo mal que funciona el sistema de administración de la justicia en Puerto Rico, por qué la gente no quiere “cooperar” con la Policía y cómo se desconsidera a víctimas y testigos por igual en los tribunales. Por estar bajo el foco de la atención pública desde hace muchos años, y porque la transmisión por televisión debe haberle costado mucho esfuerzo y dinero a los medios, cualquiera habría pensado que el tribunal iba a adoptar las medidas eficaces para evitar cualquier suspensión injustificada. Mas no fue así.

A juzgar por la información que la juez vertió para el récord, uno de los tres abogados defensores tenía un asunto “personal” que atender que le impedía estar presente algunos días de trabajo. Sin embargo, ella nunca aclaró por qué el caso no podía continuar con los otros dos abogados.

Por otro lado, si el señalamiento del martes era para escoger un calendario de trabajo, ¿no habría bastado con que el tribunal citara una reunión de fiscales y abogados a su oficina, como se hace todos los días, sin necesidad de citar a los testigos ni transportar desde la institución al acusado? Un caso tan extraordinario como éste, del cual todo el pueblo está pendiente, amerita un manejo alejado del automatismo usual con que se tratan los calendarios de casos penales.

Otro asunto preocupante: Todo el mundo está enterado de que el acusado es un enfermo mental y, ante la ausencia de una moción de la defensa para un examen psiquiátrico que determine su procesabilidad, sorprende el hecho de que el tribunal no ordenara a iniciativa propia ese examen.

El tribunal podía tomar conocimiento judicial de dictámenes previos de otros jueces sobre su insanidad mental, algo que justifica plenamente ese examen. Y que no se diga que el derecho es rogado y que eso le toca plantearlo a la defensa, pues si bien eso es verdad como regla general, también es cierto que no es una norma absoluta. El tribunal debe ser garante de los derechos fundamentales de todo acusado, lo que implica que, ante indicios claros de que está procesando a una persona con serias deficiencias mentales, tiene una obligación ineludiblede investigar su estado mental para enfrentarse al proceso. Eso no puede depender de perspicaces estrategias de litigación, pues enjuiciar a un enfermo mental en Puerto Rico no es jugar al ajedrez.

En este caso la defensa había solicitado un examen psiquiátrico del acusado en la vista preliminar anterior y el tribunal lo denegó por habérsele planteado tardíamente. Ahora que ha tenido tiempo, no lo ha planteado.

Uno se inclinaría a pensar que el acusado se ha repuesto de allá para acá de sus desvaríos, y que en este momento está “cooperador” con la defensa y que entiende todo lo que está sucediendo en el proceso. El problema con este argumento es que, al salir de la vista del martes, uno de sus abogados dijo que su cliente no estaba cooperando en su defensa. Y esto, de ser cierto, es un claro indicio de su no procesabilidad. Algo ante lo cual el tribunal no debería mantenerse indiferente.

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