Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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Otros cuatro años perdidos

El título de este artículo es homónimo de uno de mis primeros libros, que escribí en 1980 junto al querido amigo periodista Manuel E. Agromayor. El libro describió el período de crisis gubernamental que sufrió Puerto Rico durante el primer mandato del gobernador Rafael Hernández Colón (1973-76).

Fue aquel un cuatrienio marcado por un mar de desaciertos, de retrocesos de todo lo que había avanzado Puerto Rico en términos institucionales, sociales y económicos, además de serios enfrentamientos del gobernador con el Contralor en reacción a los innumerables informes de violaciones al principio fundamental de una sana administración pública. Desde el punto de vista fiscal, el gobernador Hernández Colón fue el primero en dejar un déficit presupuestario a su sucesor en toda la historia del territorio. “Si lo hubieran dejado en La Fortaleza cuatro años más –comenté en aquel libro a manera de resumen–, no hubiera dejado en el plato ni los huesos de Puerto Rico”.

El libro viene a cuento en estos días en los que –con la evidencia de los pasados cuatro años (2013-16) y los exhibits que se sirven a diario en las audiencias del comité conjunto de transición gubernamental– encontramos material para un libro similar con título agrandado: “Cuatro años perdidos en la historia/Part 2”. Empecemos por el principio.

Apenas habían transcurrido los primeros cuatro meses de la presente administración, el gobernador Alejandro García Padilla compareció al Capitolio a ofrecer su primer mensaje sobre la situación de las finanzas y del gobierno. En medio de las ovaciones de un frenético séquito de funcionarios y correligionarios, reclamó: “Amigos, en 100 días se han rescatado los puertos, el plan de pensiones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AEELA, nuestro medioambiente y nuestra tierra… En 100 días, el país cambió de curso. El nuevo camino es de optimismos, educación, seguridad y empleos”. Dio pie a un titular de prensa que decía: “Salvadas las finanzas”.

Tan esplendorosa era la situación que a renglón seguido el gobernador hizo poner en pie a los huéspedes de las gradas capitolinas al referirse al Impuesto de Venta y Uso, el IVU, con un anuncio que retumbó las marmoleas paredes de la Casa de las Leyes: “A partir de diciembre de este año, olvídense del IVU de 7 por ciento; lo voy a reducir a 6.5 por ciento, así que olvídense del IVU de 7 por ciento”. En diciembre, expondría el gobernador a la prensa: “Aquello que dijimos en el mensaje de presupuesto no va a ser este mes sino más tarde, el primero de febrero; hemos tenido que posponerlo por la realidad fiscal del país”. En febrero tampoco ocurrió. Sí ocurrió lo contrario: la aprobación del IVU agrandado, con un aumento de su tasa, de 7 por ciento a 11.5 por ciento.

El registro de la realidad fiscal durante el cuatrienio –y sus severas consecuencias sobre toda la operación gubernamental–, confirmada durante las audiencias del comité de transición, obliga entonces a una pregunta sencilla: ¿a quién achacar, si de echar culpas se trata, como hace el gobernador en su más reciente entrevista, el caos en las finanzas públicas, el desastre en los servicios esenciales al pueblo, el grave descuadre en los sistemas de pensiones y la práctica quiebra de todas las corporaciones públicas?

A la “anterior administración” –esa manida excusa de todos los gobiernos malos– no será, toda vez que para abril de 2013 –lo dijo el mismísimo gobernador García Padilla– se había rescatado todo lo que él aseguró entonces que se había rescatado. Así las cosas, se trataría de algo que no estaba roto pero el gobernador quiso arreglar y lo dañó, o de algo que arregló y volvió a dañar. A ver si me entienden.

De todos modos, la administración entrante sí que tendrá mucho que arreglar de verdad. A saber, un sistema de retiro cuyos fondos se acaban en 18 meses (a pesar del “rescate”); unos puertos sin dinero para realizar obra alguna de infraestructura, tanto que el presidente del comité de transición del gobierno saliente propone que se privaticen (a pesar del “rescate”); una Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que podría dejar sin agua un millón de abonados en residencias y negocios cuando se acaban los chavos federales a finales de este mes (a pesar del “rescate”); una Autoridad de Energía Eléctrica que se tambalea ante la imposibilidad de conseguir financiamiento en los mercados de bonos (a pesar de su “revitalización” a un costo de $43 millones); una economía en retroceso por los pasados 48 meses, con un decrecimiento de -2.3% (a pesar de la “salvación” de las finanzas) y un mercado de empleo que ha perdido 56,700 puestos de trabajo asalariado en estos cuatro años (a pesar de los 50,000 “creados” en los primeros 18 meses del cuatrienio.

Del dicho al hecho… creo que es como dicen por ahí.

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