Osvaldo Carlo

Tribuna invitada

Por Osvaldo Carlo
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Pablo Casellas y el status territorial

Regresa a la palestra pública el caso que dio al traste con el concepto de pacto bilateral y de autonomía, ejes ideológicos del Estado Libre Asociado. Pueblo v. Sánchez Valle es invocado ahora por la defensa de Pablo Casellas en un intento por obtener un nuevo juicio.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones había acogido el planteamiento de Casellas a los efectos de que el estado de derecho que impera en la Isla, luego de la decisión de Sánchez Valle, requiere veredictos unánimes en casos criminales. No conforme con la decisión del Tribunal Apelativo, que ordenó un nuevo juicio para Casellas, el Estado recurrió en alzada a nuestro Tribunal Supremo.    

La decisión de nuestro más alto foro es unísona en cuanto al derecho de Casellas a un veredicto unánime, pero dividida en cuanto a la interpretación de ciertos aspectos de la decisión del Tribunal Supremo federal en el caso de Sánchez Valle.    

Los jueces rechazaron el argumento de Casellas a los efectos de que Sánchez Valle alteró nuestro estado de derecho de tal forma que extiende a Puerto Rico tanto las garantías fundamentales de la Constitución federal, como los derechos constitucionales oponibles al Gobierno federal; incluyendo el derecho a un veredicto unánime en los casos criminales. 

Señala la decisión del caso que, por conducto de la Ley 600, el Congreso delegó al pueblo de Puerto Rico la autoridad de diseñar un gobierno propio, con un sistema de tribunales separado de los tribunales federales. La alta Curia resuelve que no somos un territorio impedido de tener un ordenamiento propio en materia de derecho penal sustantivo y procesal. Como resultado de la decisión, se revoca la determinación del Tribunal Apelativo ordenando un nuevo juicio. Se devuelve el caso al foro intermedio para que se resuelvan los múltiples señalamientos de error que levanta Casellas en su apelación. Pero esto no queda ahí.

La decisión mayoritaria recalca en varias ocasiones que su razonamiento en el caso de Sánchez Valle fue avalado en su totalidad por el Tribunal Supremo federal. En respuesta a esto, la jueza presidenta expone, en opinión concurrente, que el foro federal “no suscribió el estribillo que aduce la mayoría en torno a la carencia de soberanía del Gobierno de Puerto Rico”.

Según la jueza, el Tribunal Supremo federal reconoció que el desarrollo político de Puerto Rico después de 1952 ameritaba revisitar la controversia de soberanía dual. Señala la jueza presidenta que la mayoría no debió haber considerado en su decisión otros aspectos de Sánchez Valle que se desvían de la interrogante planteada, evitando así “pronunciamientos enmarañados”.

No obstante la controversia entre los jueces del Supremo, Casellas no tendrá por ahora su nuevo juicio y la Isla seguirá siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

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