Jorge Suárez

Punto de vista

Por Jorge Suárez
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Pandemia: de lo legal a lo ilegal

La Orden Ejecutiva 2020-23 dispone cuales son las medidas a implantarse para evitar o controlar la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. Las ordenes ejecutivas tiene fuerza de ley una vez son emitidas por el gobernante de turno en su aplicación, pero en este caso muchas de las recomendaciones necesitaban legislación para que tuvieran vigencia.

 A pesar de las directrices del gobierno, muchas personas han violado de cierta forma lo que bien se establece en la orden ejecutiva de diferentes maneras como transitar fuera del horario establecido o fuera del día que le corresponde, según el último número de la tablilla del vehículo.  De igual manera, sobre aquellos que dejan sus establecimientos operando o los que no tienen sencillamente razón alguna para estar en las calles del país. Según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, al 6 de abril se habían efectuado 565 arrestos, 1,286 denuncias y 156 infracciones por transitar el día no correspondiente.

La gobernadora firmó el proyecto del Senado de Puerto Rico 1545 para enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y establecer que toda violación a una orden ejecutiva presentada por un gobernador será penalizada por desobedecer, incumplir o desacatar dicha orden. Para entendernos mejor, la ley recién aprobada hace ilegal no cumplir con una orden ejecutiva, con efectividad inmediata. Por lo tanto, como la ley se presume constitucional hasta que un tribunal declara lo contrario, todo el que viole la orden ejecutiva se verá en problemas en el tribunal

El artículo II del Código Penal de Puerto Rico establece el principio de legalidad de que ninguna acción será ilegal sin que una ley lo proclame. Este principio garantiza a los ciudadanos que no serán penalmente castigados sino por hechos que la ley, de antemano, ha definido o establecido como delito. En Puerto Rico, el sistema de derecho penal se erige sobre el principio de legalidad, el cual contempla cuatro posibles mandatos: (1) No se instará acción penal sin pena estatuida, (2) no se pueden crear delitos por analogía, (3) no pueden imponerse penas desproporcionadas, y (4) no se impondrá pena o medida de seguridad si no es por sentencia judicial.

La pregunta a las autoridades en el Gobierno de Puerto Rico debe ser si todas las multas, arrestos e intervenciones se declaran ilegales desde el pasado domingo, pues con esta acción acaban de demostrar que todas las intervenciones de la Policía anteriores al domingo son ilegales. Es momento de dejar claro el alcance de la Orden ejecutiva OE- 2020-23, en cuanto a su implementación para el bien de todo el pueblo de Puerto Rico.


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