Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Para contratos sigue apareciendo dinero

La administración de Ricardo Rosselló Nevares, que se comprometió a reducir en apenas 10% los contratos externos del gobierno, sigue pasando por debajo de la mesa jugosas contrataciones que la Junta de Supervisión Fiscal por ahora no parece cuestionar.

Entre las más recientes figura la contratación de dos excolaboradores cercanos del exgobernador Luis Fortuño para ofrecer asesoría legal al casi inexistente Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que tendrá que pagarles $1.6 millones en el término de cinco meses.

Los contratados son el expresidente del BGF Juan Carlos Batlle y el exestratega de campaña Jorge San Miguel, socios en una empresa denominada Angura Consulting Group. Batlle sucedió en 2011 en la presidencia del banco a Carlos García, que ahora es uno de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal.

Según la ley federal PROMESA, que creó la Junta, el organismo tiene injerencia en todos los asuntos fiscales del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los contratos, pero el silencio que ha guardado hasta ahora en torno a las numerosas contrataciones efectuadas por el Ejecutivo en los primeros tres meses de administración envían señales confusas.

Recordemos que en una columna anterior advertíamos que el gobierno desembolsa cada año miles de millones de dólares en el renglón de contratos de servicios externos.

Específicamente en el renglón de servicios profesionales, consultoría y relaciones públicas suele haber mucha grasa, que son los contratos innecesarios con los que se premia la lealtad política de correligionarios, candidatos derrotados, amigos y familiares. Y lo que es muy grave, en muchísimos casos esos contratos duplican funciones que desempeñan divisiones y oficinas existentes en las agencias del sector público.

Cuando se inauguró la administración actual en enero de este año, la Junta Fiscal le requirió al gobernador Rosselló Nevares que redujera en 50% el renglón de contratos externos, pero el mandatario se comprometió a bajarlos en un 10 por ciento.

A fines de este mes, el gobernador tendrá que someter ante la Junta el presupuesto de gastos para el año fiscal próximo y ahí veremos si ha cumplido con el 10% prometido y si el organismo federal se conforma con eso o impone su criterio. Aunque la Constitución establece que es la Legislatura la que aprueba el presupuesto, la ley PROMESA le confiere a la Junta Fiscal poderes extraordinarios sobre las finanzas gubernamentales y, por ende, la última palabra en relación al presupuesto de gastos del año fiscal próximo la tendrán sus siete integrantes.

En marzo de este año, un análisis de las radicaciones presentadas en la Oficina del Contralor reflejó que en este año fiscal se habían extendido hasta entonces 78,197 contratos externos, el 16% de los cuales correspondía a las categorías de servicios profesionales con 6,339, consultoría con 3,147, y publicidad y relaciones públicas con 3,104. El costo global de los contratos extendidos, si se toman años anteriores como base, supera por varios miles de millones el monto del presupuesto operacional del gobierno, que está cerca de los $9,000 millones. Eso es una barbaridad.

Parece obvio, entonces, que reducir a la mitad el total de contratos resultaría en un ahorro de miles de millones de dólares y posiblemente haría innecesario tener que bajar en 10% las pensiones de los jubilados, imponer el abanico de arbitrios nuevos y enmendados que el gobernador acaba de enviar a la Legislatura para recaudar $1,400 millones adicionales, reducir la nómina gubernamental en $900 millones, o quitarle $450 millones a la Universidad de Puerto Rico, para cuadrar el presupuesto.

Pero para eso hay que afilar el lápiz, sacudirse del mal endémico del panismo que sufren los dos partidos que se alternan el gobierno, y dedicar todas las fuerzas a sacar al País del atolladero.

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