Enrique Vázquez Quintana

Tribuna Invitada

Por Enrique Vázquez Quintana
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Parámetros para la marcha del primero de mayo

Para el 1 de mayo de 2018 se planifica una protesta masiva de múltiples grupos sociales y sindicales, en contra del gobierno. En particular se oponen a las medidas de austeridad que pretende implantar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso norteamericano.

Quiero en este artículo plasmar una perspectiva diferente a la luz de un incidente personal  relacionado al comportamiento que deben asumir los manifestantes y los oficiales de seguridad pública durante la marcha. El 1 de mayo de 2018 cumpliré dos meses de haberme sometido a una operación de corazón abierto para reparar dos obstrucciones de mis arterias coronarias. Una operación de esa magnitud, que pone en peligro tu sobrevivencia, te conduce a recapacitar sobre cuál deberá ser tu comportamiento y riesgo en actividades futuras.

Basada en esa y otras experiencias, propongo el siguiente código de comportamiento para todos los que participen en la protesta del 1 de mayo de 2018. 

Los problemas económicos que cargaba nuestro país fueron agravados por los huracanes Irma y María. La crisis económica no fue causada ni propiciada por los ciudadanos puertorriqueños, sino por los políticos que han administrado nuestro país por los últimos 20 años. La lenta respuesta recibida por parte del gobierno federal ha resultado que siete meses más tarde los pueblos de la montaña aún no tengan electricidad y un hogar seguro para vivir.

Estos problemas han afectado la salud mental de nuestros ciudadanos, lo cual se ha manifestado en el aumento en suicidios, asesinatos, admisiones a instituciones psiquiátricas por depresión y otros problemas mentales.  

Las diferencias entre el gobierno y la Junta de Supervisión fiscal se han agudizado. El 23 de abril de 2018, un grupo de ciudadanos y agrupaciones cívicas presentó una demanda en la Corte Federal en contra del gobierno y la JSF.  Todavía la jueza Laura Taylor Swain no ha resuelto la demanda sobre la legalidad del nombramiento de los miembros de la JSF por parte del Congreso.  Esa demanda fue presentada en noviembre de 2017 por la UTIER y Aurelius, una compañía de bonistas.

Para evitar agresiones físicas y destrucción de propiedad pública y privada, los representantes de los grupos que marcharán y las autoridades de ley y orden público se deben reunir y estipular los siguientes parámetros: no se permitirá el lanzamiento de piedras, la utilización de tubos o trozos de madera para atacar a seres humanos y propiedad pública y privada incluyendo propiedad de la policía. Es más importante aún abstenerse de agredir a los agentes del orden público.

La Policía, a su vez, deberá abstenerse de utilizar gases lacrimógenos o pimienta a los manifestantes. Nadie debe morir o resultar lastimado físicamente como resultado de esta protesta.

La ruta de la marcha deberá estar establecida de antemano para evitar incidentes desagradables. Los miembros de los respectivos comités de disciplina deberán estar identificados y colaborando con los agentes del orden público. Todos los participantes en esta marcha deben cumplir con las leyes del país y responder por sus acciones.

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