Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Para politiquear en Puerto Rico hay dinero

Pasado ya el plebiscito sobre status, la pregunta de los 64,000 chavitos es qué hacer con la Comisión Estatal de Elecciones y su batatal de parientes y dolientes de aquí al próximo período electoral, que será en el 2020.

Según informes periodísticos, en la CEE hay alrededor de 100 parientes cercanos de los funcionarios políticos que ocupan puestos de confianza en el organismo. El caso más crudo parece ser el de Roberto E. Benítez Burgos, hijo de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos, el que devenga un sueldo de $7,642 mensuales como director de la muy sensitiva Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la Comisión.

La propia Burgos, como comisionada electoral del PNP, tiene un contrato de $80,000 anuales más automóvil, oficina, empleados y gastos pagados. Los comisionados electorales no son empleados de la CEE, sino contratistas, lo que les permite tener también contratos externos.

Pero Benítez Burgos no es el único. Se ha publicado que entre el centenar de parientes figura también un hijo de la primera vicepresidenta del organismo, María Dolores (Lolin) Santiago, así como otros hijos, esposos, sobrinos, primos y vaya usted a saber cuántos más allegados de altos funcionarios.

Lo próximo en la agenda de la CEE parecería ser el reemplazo de su presidenta, Liza García, quien llegó al cargo por vía del Partido Popular Democrático, pero que le ha servido muy bien a los intereses del Partido Nuevo Progresista.

Le tocó presidir el organismo en las elecciones de 2016, en las que se gastó un récord de alrededor de $100 millones en fondos públicos, sin contar los más de $35 millones del presupuesto operacional, y coronó con el plebiscito del domingo, para el que la CEE no fue capaz de convocar a más del 22.9% del electorado inscrito para el evento –2,260,804 votantes elegibles-- a pesar de la inoficiosa campaña pro estadidad que pagó en los medios de comunicación.

Pero lo curioso de todo esto es que los penepés declaran suficiente el 22.9% que obtuvo la opción estadista en el plebiscito del domingo, mientras que en 2005 no hicieron nada para adelantar la unicameralidad alegando que el 22.3% que votó no constituía un mandato.

En aquella ocasión, Luis Fortuño dijo que se había tratado de “un concurso de simpatía”. A Thomas Rivera Schatz se le citó diciendo que “la Asamblea Legislativa debe ignorarlo”, e Iris Miriam Ruiz proclamó que “no es un mandato”.

A pesar de que el gobierno está en quiebra, la CEE gastó por lo menos $6.9 millones en el plebiscito del domingo, en el que 502,616 electores, o el 97.18% de los que fueron a votar, favorecieron la estadidad. Cuánto de ese total se invirtió en publicidad oficial está por verse.

Lo que parece obvio es que aquí no hay dinero para pagar las pensiones a los retirados, ni la tarjetita de salud a los beneficiarios, ni los reintegros a los contribuyentes, ni las facturas a los suplidores, ni siquiera los dividendos a los bonistas. Mucho menos para respetar la fórmula presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico.

Pero para politiquear hay dinero. Para contratos a los parientes y dolientes en el Ejecutivo y la Legislatura hay dinero. Para costear la Junta de Supervisión Fiscal hay dinero. Para mantener abiertas 110 Juntas de Inscripción Permanente que están desiertas hasta tres meses antes de un evento electoral hay dinero. Y para financiar el batatal político desechable de la CEE, ni se diga.

Si le ponemos el candado a la CEE y las JIPs hasta enero de 2020 nos economizamos cerca de $50 millones anuales. Con la falta que nos hacen…

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