Edwin Meléndez

Punto de vista

Por Edwin Meléndez
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Participación activa en la reconstrucción de Puerto Rico

Dos años después de que el huracán María devastara la isla, los problemas que enfrenta Puerto Rico son vastos y graves. Por un lado, Wanda Vázquez, quien se convirtió en gobernadora después de que un movimiento social sin precedentes forzara la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló, está renovando el liderazgo de la administración y respondiendo a las demandas públicas de una mayor transparencia para reducir la corrupción.

Pocos días después de que ella asumiera la gobernación, Ahsha Tribble, exadministradora adjunta de FEMA para la región que incluye a Puerto Rico, y Donald Keith Ellison, expresidente de Cobra, compañía que recibió $1.8 mil millones en contratos federales para reparar la red eléctrica de Puerto Rico, fueron acusados por corrupción.

Esto sigue a otras dos acusaciones de miembros de alto perfil en la administración del exgobernador Rosselló. En resumen, erradicar la corrupción es una responsabilidad compartida del gobierno federal y el de la isla. 

El tema es crítico y tiene implicaciones para los fondos federales de reconstrucción asignados a la isla. El presidente Trump continúa diciendo falsamente que el Congreso ha asignado $92 mil millones para la recuperación tras el huracán y acusa al liderazgo político de la isla de mala gestión y corrupción. El Congreso ha asignado menos de la mitad de esa cantidad ($42.7 mil millones) y menos de $14 mil millones han llegado a la isla.

También se espera que Puerto Rico pierda más de $400 millones para proyectos ya planificados, pues estos fondos serán desviados para la construcción de un muro entre los Estados Unidos y México. El Pentágono está retirando el financiamiento de 13 proyectos en instalaciones militares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, 10 de los cuales estaban relacionados con la recuperación posterior a María.

En momentos en que las innumerables víctimas del huracán siguen necesitando ayuda y se ven afectadas por las medidas de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal, más de $29 mil millones de ayuda financiera federal continúan enredados en disputas políticas.

Además, la Ley de Presupuesto Bipartidista (BBA) de 2018 asignó $4.8 mil millones en fondos temporeros adicionales de Medicaid a Puerto Rico, los cuales vencen a fines de este mes de septiembre. Esto deja solo $366.7 millones para Medicaid en 2020, una pequeña fracción de lo que se necesita para cubrir a las 1.6 millones de personas afectadas, la mitad de la población total de la isla.

Como si la nueva gobernadora y Puerto Rico no tuvieran suficientes desafíos, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, informó a la gobernadora Vázquez que la administración está tomando medidas para poner fin a los beneficios fiscales federales de la Ley 154 de Puerto Rico. Esta ley recauda un impuesto especial de 4% sobre las corporaciones extranjeras que operan en Puerto Rico. En el año fiscal 2019, estos ingresos representan el 17.6 por ciento del presupuesto puertorriqueño.

Finalmente, la jueza federal Laura Taylor Swain, a cargo del caso de bancarrota y reestructuración de la deuda, suspendió los litigios bajo la ley Promesa durante 120 días después de la renuncia del gobernador Rosselló.

La suspensión incluye el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas. Presumiblemente, este acuerdo reducirá la deuda en un 30%, pero también aumentará las tarifas de electricidad para los consumidores un 13% en menos de un año y por los próximos 47 años. También prioriza el pago de la deuda y excluye nuevas inversiones para mejorar y modernizar el sistema eléctrico de la isla.

Por otro lado, la acción del Congreso para apoyar a Puerto Rico ha sido encabezada por un vigoroso movimiento de solidaridad de la diáspora.

El Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College lleva varios años organizando cumbres que reúne a líderes de Puerto Rico y de la vasta diáspora para discutir soluciones a los problemas de la isla. Y seamos francos. No siempre estaremos de acuerdo, pero todos buscamos encontrar un terreno común para los esfuerzos de reconstrucción. Necesitamos un espacio donde podamos discutir los problemas que afectan a Puerto Rico.

La Cumbre reconoce el segundo aniversario del huracán María, examinará los problemas que afectan a Puerto Rico y generará una discusión muy necesaria sobre cómo encontrar las mejores soluciones. Estamos orgullosos de organizar esta conferencia y de ayudar a ser un catalizador para el cambio. Podemos hacer esto juntos, incorporando muchas de las voces que existen en el espectro político.

El Centro convoca esta cumbre de acuerdo con su misión institucional de vincular la investigación académica con la acción social y los debates políticos. Queremos que los puertorriqueños de todos los ámbitos tengan la oportunidad de participar activamente en la reconstrucción de Puerto Rico.


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viernes, 20 de septiembre de 2019

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